En 2016, el último año del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, la percepción de las Unidades Económicas sobre la frecuencia de actos de corrupción cometidos por servidores públicos, fue la segunda más alta a nivel nacional después de Tabasco, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016 que dio a conocer el INEGI.
Las Unidades Económicas son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos; se dedican principalmente a un tipo de actividad de manera permanente, combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de registros contables y la necesidad de obtener información con el mayor nivel de precisión analítica.
Con ellas, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realizó del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016, la ENCRIGE 2016, para generar información a nivel nacional, por entidad federativa, municipios y delegaciones seleccionados sobre:
- Experiencias y percepción en las unidades económicas del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos.
- Percepción de los marcos regulatorios que rigen a las unidades económicas ya establecidas y a aquellas que pretenden establecerse en México.
- Percepción y experiencias en las unidades económicas en relación con actos de corrupción al momento de realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos.
Del extenso documento con resultados de esa encuesta dada a conocer por el INEGI, destaca el de la Percepción de las unidades económicas sobre la frecuencia de actos de corrupción realizados por servidores públicos en 2016, por entidad federativa.
Para el caso, la media nacional fue del 82.2, luego de sumar los porcentajes obtenidos en las 32 entidades del país.
El más alto se obtuvo en el estado de Tabasco, donde la percepción de “mayor frecuencia de corrupción” fue del 92.7, seguido de Veracruz con el 92.1.
A nivel nacional, de acuerdo al INEGI, en el 64.6 por ciento de las unidades económicas se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; en 39.4 por ciento se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7 por ciento se originan por la obtención de licencias o permisos.
En contraparte, al desfavorable resultado para los estados de Tabasco y Veracruz, el de Colima fue el que tuvo la menor percepción y experiencias de corrupción en el 2016, con el 62.2.
De acuerdo con los resultados de esta encuesta nacional, ninguno de los estados tuvo un porcentaje menor al 60 por ciento.