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Sección: Estado de Veracruz

Veracruz tiene 112 proyectos de hidroeléctricas que afectarían gravemente el ecosistema

- Privatizar el agua no es la solución señala la Alianza de Usuarios y Comunidades en Defensa del Río Nautla-Bobos

- Conmemoran el Día internacional de Acción contra las represas

?ngeles Godoy Morales Xalapa, Ver. 14/03/2012

alcalorpolitico.com

En el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos y los Pueblos, diversas agrupaciones manifestaron su rechazo a la privatización del agua.

Héctor Colío Galindo, de la Alianza de Usuarios y Comunidades en Defensa del Río Nautla-Bobos, comentó que hay 734 proyectos de presas en todo el país y 112 para Veracruz, que exigen sean detenidos a la brevedad.

“Tenemos cuatro ríos de amenaza superior entre los que están el Nautla que es nuestra cuenca, con 27 a la vista donde hay estudios; en Jalcomulco vienen siendo 29 y en el Río Blanco, están cerca de 30. Son cinco o 10 kilómetros de entubamiento, los demás están en la zona de Zongolica,

Mencionó que estas mini hidroeléctricas incluyen las de El Naranjal, Zongolica, Río Pescados y Río Nautla-Bobos. Lo que representa 300 kilómetros de afectación, así como secar más de 340 kilómetros de ríos.

“Estamos hablando de entre 4 y 5 millones de afectados porque sería el cambio de clima, especies anfibias, proliferación de plagas e insectos; daño ambiental sería más de la mitad del estado en 400 kilómetros, de llevarse a cabo”

En otros estados se encuentran los proyectos para los ríos La Parota, en Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; Las cruces, en Nayarit; Amarillo e Itzantún, en Chiapas; El Zapotillo, en Jalisco. También exigen la reparación de los daños de La Yesca, en Jalisco y Nayarit; Arcediano, en Jalisco; El Cajón, en Nayarit; y Picachos, en Sinaloa.

“La defensa continúa porque Conagua y la CFE confabulados con funcionarios de gobierno y empresas constructoras mexicanas y extranjeras, siguen agravando los conflictos al continuar los trabajos de manera ilegal al aumentar los niveles de presión, agresión y engaños así como los derechos humanos de los afectados”.

Indicó que hay graves consecuencias sociales, económicas, culturales y ambientales causadas por el modelo energético del estado sobre las represas y la conversión de los recursos naturales.

“Entre 40 y 80 millones de personas han sido ya desplazadas por la construcción de presas en todo el mundo, encaminadas a la privatización del agua como eje rector de todo esto”.

El investigador señaló que interpusieron una controversia constitucional Junto con el municipio de Tlapacoyan lo cual no debe pasar desapercibido, ya que fue una estrategia de defensa que hicieron con el gobierno municipal.

Esta controversia se ganó por los daños al medio ambiente y debido a que no se tomó en cuenta a los ayuntamientos.

“Es más importante la generación de energía eléctrica, que el río de los campesinos; esa es la visión que tienen los nuevos funcionarios, de ahí nuestra alerta”.