Verónica Hernández debe denunciar a 2 fiscales y 7 policías por dictamen de la CNDH

De dar “cumplimiento total” a la recomendación 146 /2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la titular de la Fiscalía General, Verónica Hernández Giadáns, debe denunciar a 2 de sus fiscales, así como a 7 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que acusaron injustamente a 6 jóvenes detenidos en Xalapa de ultrajes a la autoridad.

Se trata de la fiscal décima tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Virginia Carrera Cumplido y de la fiscal décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Susana Wong Palmeros.

Además, respecto a la SSP, procedería en contra de los elementos Luis Fernando Hernández Solís, Esteban Daniel Tiel Rivas, Rocío Nava Hernández, Filiberto García Reyes, César Eduardo García Morales, Lizbeth Solano Santiago y Jesús Carlos Flores Rivera, quienes perpetraron la detención irregular de las 6 víctimas.



Igualmente, la Fiscalía procedería contra el apoderado legal de la SSP, Felipe Antonio Ramón González. Dichos funcionarios de la SSP y de la Fiscalía, de acuerdo con la CNDH, violentaron los derechos humanos de los detenidos acusándolos falsamente del delito de ultrajes a la autoridad.

“(…) al no existir una valoración objetiva de las evidencias expuestas en la presente resolución, contenidas en el Proceso Penal 1, a pesar de las pruebas concretas, reiteradas, ratificadas y contundentes que demuestran, más allá de cualquier duda, que el oficio de puesta a disposición de los elementos de la SSPV se apartó de la verdad; lo cual, además, resulta en una flagrante imputación indebida de hechos; no obstante, AR8 y AR9 (los fiscales a cargo) desde la audiencia del 11 de septiembre de 2021 mantuvieron la misma actitud contraria a la normatividad arriba expuesta y, en consecuencia, continuaron violentando los derechos humanos de V1, V2, V3, V4, V5 y V6”.

Hay que señalar que tras la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad y de los fiscales señalados, el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Andrés García Velasco, vinculó a proceso a los jóvenes, quienes recuperaron su libertad mediante amparos pero siguen sujetos a proceso esperando que se determine si nuevamente son vinculados en la reposición de la audiencia de control, tal y como mandató el juez segundo de distrito federal.



Y es que, de no acatar la recomendación, de acuerdo con la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la fiscal Verónica Hernández Giadáns podría ser citada a comparecer y, de persistir en su negativa, podría ser denunciada por la CNDH, de ahí que este miércoles anunció que dará cumplimiento a todos los puntos contenidos en el expediente.

Consultado al respecto, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa señaló que, según la recomendación, la Fiscalía también debe colaborar en las quejas que la CNDH presente en contra de sus 2 funcionarios ante el Órgano Interno de Control.

“Estos policías deben de ser sancionados administrativa y penalmente; en caso contrario solamente sería una simulación el aceptar la recomendación”, refirió el abogado, quien recordó que la CNDH requirió al gobernador Cuitláhuac García iniciar el proceso legislativo para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.



“Derogar significa quitar del Código Penal, no hacer enmiendas, no hacer parcialidades porque es obvio que el delito es inconstitucional”, refirió Mundo Arriasa.

En otras acciones, la Fiscalía también deberá de trabajar en coordinación con el gobernador Cuitláhuac García y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz para que procedan a la reparación del daño de las 6 víctimas “a través de una compensación justa y suficiente”, además de inscribirlas en el registro estatal en la materia.

Igualmente, en coordinación con las autoridades mencionadas, la Fiscalía deberá otorgar la atención médica y psicológica que requieran los jóvenes, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado, atendiendo a sus edades y necesidades específicas y proveerles de los medicamentos convenientes a su situación.



“La atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y accesible; hecho lo anterior, se envían a esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento”.

Finalmente, la Fiscalía deberá diseñar e impartir en un plazo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la recomendación, un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, en la vertiente de acceso a la justicia, dirigido a los 2 fiscales y el resto de personal que hayan participado en los hechos.

Finalmente, se deberá designar a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento.