Al señalar que es viable que los laudos laborales a favor de los trabajadores municipales puedan convertirse en deuda pública, Andrés Salomón Rodríguez, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, señaló que una de las medidas de solución a este problema es la capacitación de los integrantes de los ayuntamientos.
Entrevistado al término de la ceremonia conmemorativa al XXII Aniversario de la creación de este órgano de impartición de justicia, el funcionario estatal precisó que la capacitación debe orientarse en los aspectos de la celebración de sus contratos de trabajo, cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y los procedimientos administrativos establecidos en la norma.
Destacó que por tal motivo se ha signado un convenio con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) con ese propósito, de sumarnos a la tarea de capacitar a los entes humanos administrativos y jurídicos a fin de que en armonía y en una coordinación interinstitucional, entre ellos y nosotros, podamos aportar la experiencia que tenemos, a fin de que se ajusten en la normatividad los procedimientos seguidos en todas las entidades públicas del Estado.
- ¿Esto evitará que siga creciendo la deuda de los ayuntamientos a consecuencia de los laudos laborales? Se le preguntó.
- Estimamos que sí, porque en la medida en que se atienda en tiempo, como cualquier problema, en esa medida se evita que exista, respondió.
Destacó que las propuestas son múltiples, “desde la creación de células al interior de las propias entidades públicas del Estado y del municipio, para el efecto que tenga una entidad que se dedique a atender de manera conciliatoria como primera instancia, antes de ir al Tribunal, yo creo que solucionaría inmediatamente y generaría adeudos menores”.
Respecto de que pueda considerarse deuda pública los adeudos que mantienen los ayuntamientos con exempleados municipales por los laudos emitidos por el Tribunal, dijo que es una “figura jurídica que es viable, desde el punto de vista legal para que los ayuntamientos no tengan esa carga”, añadió.
Por otro lado, dio a conocer que el adeudo que mantienen los ayuntamientos supera los 600 millones de pesos y aunque exista la voluntad para pagarlo, no se cuentan con los recursos financieros para hacerlo.
A pesar de la insolvencia de algunos ayuntamientos, se han ido pagando esos adeudos, “hay mucha disposición y buena voluntad, tenemos una comunicación permanente con los ayuntamientos, obviamente que algunos carecen de recursos, sin embargo no existe el hecho de que no tengan la voluntad de pagarlo”, añadió.
Reiteró que existe la voluntad de pagar y están haciendo trámites ante el Congreso y están buscando en sus partidas presupuestales de qué manera hacerlo y como algunos dicen, aunque sean en paguitos y entran en comunicación con las partes afectadas y se está logrando con éxito un alto porcentaje la posibilidad de pago, concluyó.