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Sección: Estado de Veracruz

Yunismo benefició a 49 municipios con transferencias de recursos en 2018

- De esos, 32 eran panistas y perredistas; en total se les otorgaron casi 236 mdp para 105 obras

- SEFIPLAN asignó recursos sin tener reglas claras, lo que derivó en que distribución tampoco fuera equitativa

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 27/09/2019

alcalorpolitico.com

Para la ejecución de 105 obras de Infraestructura Pública, durante el 2018, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la Contraloría General del Estado (CGE) y 49 Ayuntamientos de Veracruz, celebraron un convenio para la transferencia de recursos por 235 millones 897 mil 426.56 pesos, sin la autorización de los respectivos Cabildos, incumpliendo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y celebrándose los convenios a discrecionalidad beneficiando a 32 gobiernos municipales panistas y perredistas.

La ausencia de Reglas o de cualquier otro tipo de normativa, que permitiera regular debidamente la distribución y ejecución; así como la correcta administración, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, dio lugar a prácticas poco claras, ya que no existió transparencia.

Aunado a ello, no hubo sustento por cuanto hace a la elegibilidad de los 49 Ayuntamientos, entre los 212 que integran el Estado de Veracruz, para resultar beneficiados, con dichos recursos; así como, tampoco se conoció que existiera un procedimiento legal a través del cual, se valoraran las necesidades de los Entes Municipales para decidir el monto de las asignaciones efectuadas, ni el número de obras de infraestructura a realizarse, mucho menos la trascendencia e importancia de las mismas, por cuanto a las necesidades de cada uno de los municipios.



También se detectó que la distribución de los recursos no se realizó en forma equitativa; pues los Entes Municipales mayormente beneficiados, fueron los de Zongolica, con 21 millones 30 mil pesos por medio de dos Convenios de Coordinación, para la realización de 19 obras públicas.

Córdoba, por la cantidad de 20 millones de pesos para la realización de 12 obras públicas; y Tampico Alto, con otros 20 millones de pesos para la realización de 4 obras públicas.

Tampoco se demostró la verificación del avance físico-financiero de las obras de infraestructura públicas, ejecutadas por los Entes Municipales.



Además, se incumplió con la vigilancia en la aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos de origen estatal con cargo al fondo denominado “Recursos Fiscales 2018”.

Y la retención del cinco al millar por las obras contratadas fue remitida a la Contraloría General del Estado, para su administración y no al Órgano de Fiscalización Superior.

También existió opacidad, pues de las 105 obras de infraestructura pública que se ejecutaron en total, hubo casos en los cuales sólo un Ente Municipal se vio beneficiado con recursos para la realización de 19 obras públicas, mientras que otros sólo recibieron recursos para la ejecución una obra pública.



Asimismo, se conoció que en 32 casos se celebraron los Convenios con Ayuntamientos que se encontraban gobernados por el mismo partido político, lo que representa un 65.5%, respecto del total de los Entes Municipales con quienes se celebraron dichos convenios.

Lo anterior permitió detectar que la selección de los Entes Municipales para ser beneficiados con la entrega de dichos recursos, se llevó a cabo en forma discrecional, pues aunado a los argumentos formulados por los servidores públicos del Ente Auditado, así como, de ex Servidores Públicos responsables de la solventación de la presente Observación, en la especie no se exhibió documentación comprobatoria o justificatoria, que nos permitiera conocer que dicha selección se hubiere llevado a cabo a través de un procedimiento transparente, con reglas claras, que permitiera la aplicación eficaz de los recursos públicos.

Lo anterior se detectó mediante una auditoría de legalidad a los Convenios de Coordinación para la Transferencia, Aplicación, Destino, Seguimiento, Control, Rendición de Cuentas y Transparencia en el Ejercicio de los Recursos de Origen Estatal con Cargo al Fondo Denominado “Recursos Fiscales 2018”.



Los Ayuntamientos que solicitaron esos recursos fueron: Acatlán, Alto Lucero, Amatitlán, Astacinga, Castillo de Teayo, Chalma, Chontla, Citlaltépetl, Coatzintla, Córdoba, Espinal, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Jesús Carranza, La Antigua, Las Minas, Maltrata, Tatatila, Tonayán, Totutla, Veracruz, Tierra Blanca, Tomatlán, Tenochtitlán, Oteapan, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Zacualpan, Zaragoza, Zongolica, Nanchital, Pajapan, Tampico Alto, Tancoco, Zontecomatlán, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán de Madero, Yanga, Cuichapa, Tepetzintla, Juan Rodríguez Clara, Cotaxtla, Fortín, Xoxocotla y Casautlán de Carvajal.

La SEFIPLAN, al no contar con la normativa necesaria que le permitiera garantizar la correcta aplicación y ejecución del fondo denominado “Recursos Fiscales 2018”, no establece la garantía de que estos fueran aplicados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los ex Servidores Públicos de la SEFIPLAN y de la CGE presentaron documentación para aclarar las observaciones; sin embargo, de las 5 observaciones emitidas, una fue solventada y cuatro quedaron sin solventar.



Por ello, el ente fiscalizador, a través de su área de investigación y mediante el procedimiento para promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, determinará si existen irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de los servidores públicos o particulares, relacionados con los actos jurídicos que fueron materia de la revisión.