Afirman que presuntos asesinos de activista tendrán ¡2 años de arresto preventivo!”

La juez del penal de La Toma en Amatlán de los Reyes dictó arresto preventivo por dos años a los presuntos asesinos materiales del ambientalista Noé Vázquez Ortiz, muerto el pasado 2 de agosto, horas antes de que se celebrara el décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano en Contra de las Presas y en Defensa de los Ríos.

Hay que mencionar que el activista fue en vida un opositor al proyecto hidroeléctrico de El Naranjal y Bandera Blanca que se pretende realizar en la región de Zongolica.

Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la organización La Asamblea Veracruzana de iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA), explicó que se llevó a cabo la segunda sesión del juicio oral en dicho reclusorio.



Mencionó que en la segunda audiencia, la jueza determinó el arresto preventivo por dos años y los vincula concretamente con el crimen del defensor del medio ambiente, de manera que LAVIDA tiene seis meses para entregar las pruebas necesarias para comprobar que hubo un autor intelectual.

“No es la sentencia definitiva, es el arresto preventivo, el tiempo que se da la jueza dentro de dos años para determinar qué conviene. Tenemos seis meses para demostrar que fue un crimen ordenado y ejecutado por sicarios. A mí me ha preguntado la jueza que si tengo pruebas de mi dicho y yo de forma sarcástica le he dicho permítame (sacando un folder de su portafolio) mire sí, aquí tengo el contrato sicario-empresario (…) si usted me pide la factura de los sicarios, no la tengo o de dónde sacaron el dinero los autores intelectuales, eso tampoco, pero hemos anunciado con tiempo suficiente que los compañeros de Amatlán habían sido muchas veces ya amenazados”, sostuvo.

Refirió que incluso la forma en que la empresa va y amenaza a los compañeros es de: “me arreglo contigo o con tu viuda, esa es la forma como se mueve la empresa El Naranjal”.



Admitió que no es un enemigo fácil el empresario dueño del proyecto, pues el papá es Claudio X González, dueño de la Kimberly Clark, “es de los 300 varones que gobiernan este país”.

Aseveró que el compromiso de LAVIDA será mostrar que hay autores intelectuales, de suerte que protegerán todo el proceso judicial para comprobar tales señalamientos como las declaraciones ministeriales de los autores confesos.

“Si la jueza es hábil, buscará la vinculación con los autores intelectuales, pero ahí no para todo”, lamentó.