Ahora sí: sancionará la Contraloría a Mauricio Audirac, Carlos Aguirre, Manuel Corral y 11 más

El contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, señaló que tras las investigaciones de la PGR y de la Fiscalía General del Estado por el ejercicio de recursos públicos federales, se encontraron omisiones, irregularidades, negligencia e irresponsabilidad en el desempeño de las obligaciones de Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre.

Definió que sí se encontraron motivos suficientes para iniciar una exhaustiva investigación del actuar de servidores y exservidores públicos estatales, por lo que actuará con todas las facultades que le concede la ley hacia quienes la han agredido, además lo hace en pleno cumplimiento de las instrucciones del Gobernador.

Especificó que algunos de los exfuncionarios no documentaron ni certificaron para su solventación la información que estaban obligados a presentar, por lo que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado establece sanciones que van desde el apercibimiento hasta la inhabilitación temporal por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

El Contralor refirió que del informe detallado entregado al Mandatario estatal se deriva la transgresión de diversas normas tales como: cumplir con diligencia el servicio encomendado, abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio, asesorar a los órganos y áreas administrativas para la elaboración de los instrumentos jurídicos en materia de gasto público.

Asimismo, se transgredieron normas tales como: cumplir la normatividad relativa al manejo de los recursos públicos, informar al superior jerárquico de todo acto u omisión que pueda implicar inobservancia de las obligaciones de los servidores públicos, asesorar en la interpretación para efectos administrativos y aplicación de las leyes financieras del Estado, establecer la coordinación y colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de auditoría, control y evaluación gubernamental y requerir a las dependencias y entidades documentación e información que sean necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus atribuciones.

“Por tal motivo y para que quienes le han fallado a Veracruz respondan por sus actos, me permito informarles que hemos iniciado procedimientos disciplinarios administrativos en contra de Mauricio Audirac Murillo en su carácter de excontralor general del Estado; Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN; Juan Manuel Corral Verdugo, exprocurador Fiscal”, reveló y agregó los nombres de otros exservidores públicos.

Los otros que deberán responder por sus omisiones, negligencia, irresponsabilidad y demás son: Ricardo Calles Cruz, exdirector de Control, Evaluación y Auditoría de la Contraloría General del Estado; Jesús Villegas Ríos, exdirector de Control y Evaluación de la Contraloría General; Marieli Méndez Castillo, exdirectora de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General; Rosalba Aguilar Alonso, exdirectora de Control, Evaluación y Auditoría de la Contraloría General.

También, Roberto Pérez Ramos, exsubdirector de Contabilidad y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación; Adrián Bueno Bello, excontralor interno de Servicios de Salud de Veracruz; Johnson Margarito Méndez Ortiz y Óscar Javier Cárdenas Rodríguez, excontralores internos de la SEFIPLAN; Eduardo Cárdenas Ruz, Edmundo Sosa López y César Agustín Blancas Cubas, excontralores internos de la SEV.

García Guzmán confirmó que a pesar de que las denuncias de hecho en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos quedaron sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales, sí se encontraron anomalías de orden administrativo suficientes para iniciar una investigación del actuar.

En un mensaje que emitió en la sala de conferencias de Palacio de Gobierno, aseguró que la administración estatal se desempeña y se seguirá desempeñando con estricto apego a la normatividad que regula los recursos públicos, lo cual aplica para todos y cada uno de los integrantes del gabinete.

Detalló que hubo una “profunda” revisión de los archivos y documentación de las dependencias ejecutoras del gasto público federal, en ese sentido, reiteró que con base en la investigación de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado no hay elementos para configurar algún delito de orden penal que perseguir; sin embargo, deberán responder por sus actos.

Confirmó que los recursos fueron aplicados de manera puntual para la prestación de servicios de educación y la formación de alumnos y docentes de acuerdo a los lineamientos del Fondo de Educación Básica y Normal (FAEB).

Lo que corresponde a los recursos del Seguro Popular de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, fueron aplicados y comprobados satisfactoriamente en los términos de la normatividad correspondiente, agregó García Guzmán.

Asimismo, reiteró que toda la información que se dio a conocer ha quedado certificada con notario público; sin embargo y pese a que las denuncias de hecho han quedado sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales, señaló que sí se encontraron anomalías de orden administrativo.