Aprueba Congreso decretos para reformar el Código Electoral del Estado

Con un voto en abstención, tres en contra y 41 votos a favor el Congreso del Estado aprobó los decretos por los que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado presentados por el PRI, PVEM, AVE, PANAL, así como por el partido Movimiento Ciudadano.

Las reformas y derogaciones a dicho código subsanan la ilegalidad en la que cayeron 41 artículos hace algunos meses y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucionales.

Las iniciativas fueron presentadas por el priísta Juan Manuel Velázquez Yunes y Cuauhtémoc Pola Estrada, las cuales derogan 30 artículos del Código Electoral y hacen modificaciones en otros 11 en el sentido dictado por la SCJN.



Con lo anterior se destinará una partida presupuestal de 4 millones 160 mil pesos para el Tribunal Electoral, buscando garantizar su plena operación y funcionamiento por el resto del ejercicio fiscal en 2015.

Igualmente, quedó establecido que el secretario Ejecutivo del Órgano Público Local Electoral (OPLE), deberá ser nombrado por el Instituto Nacional Electoral y no por el Congreso del Estado.

También, los bienes, servidores públicos y demás personal del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial, con excepción de sus magistrados, serán transferidos al Órgano Jurisdiccional Local Electoral (OJLE).



Por su parte, los magistrados que laboren en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado continuarán perteneciendo a este poder.
A la iniciativa de Movimiento Ciudadano se adhirieron los Diputados de ese mismo Grupo Legislativo, Ana María Condado Escamilla y Jesús Alberto Velázquez Flores, así como los Diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.

En la etapa de posicionamientos, el diputado del PAN Domingo Bahena Corbalá se pronunció en favor del Dictamen, aunque advirtió que el Congreso del Estado no puede seguir legislando desde la SCJN.

Expuso que en el Congreso del Estado debe de prevalecer el consenso y se debe de escuchar a la oposición y atender sus recomendaciones para que no sigan ocurriendo modificaciones del Máximo Tribunal Constitucional del país.