En riesgo la educación pública; estudiantes tendrían que pagar sus cuotas: Sara LdeG

El riesgo que corre la Universidad Veracruzana por la falta de pago por parte del Estado, por el desinterés por la educación, es acabar con la educación pública; el riesgo es que los estudiantes tengan que pagar sus cuotas, así lo definió la rectora Sara Ladrón de Guevara.

“Quiero decir que el riesgo es acabar con la educación pública, el riesgo es que los estudiantes tengan que pagar sus cuotas. Un semestre en la Universidad Veracruzana cuesta alrededor de 60 mil pesos por alumno”, expuso.

Refirió que otros países han optado por cobrarles a los estudiantes las cuotas, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra, pero ¿qué pasó entonces?, que en nuestro país el efecto de movilidad social se detuvo.



Comentó que en dichas naciones sólo las clases “acomodadas” o alumnos “extratalentosos” tienen acceso a educación superior.

“Reivindicamos que este país se ha desarrollado a partir de la educación superior pública y queremos que siga siendo así. La Universidad Veracruzana tiene un compromiso con Veracruz, el desarrollo de este Estado se ha gestado en nuestras aulas, en nuestros institutos, en nuestros laboratorios. La cultura veracruzana se ha dado a conocer en nuestro territorio y más allá de nuestras fronteras gracias al trabajo de nuestra difusión cultural de nuestra Universidad”, destacó.

Expresó que lo que significa la Universidad Veracruzana para los veracruzanos va mucho más allá de otorgar grados de licenciatura, pero también es eso y es muy importante.



“El riesgo es que vaya hacia esa búsqueda de que solamente la clase con posibilidades económicas acceda a educación superior. Esto a largo plazo significaría una decadencia a largo plazo, que hacen que este Estado, este país tenga una caída”, aseveró.

La Rectora refirió que este tipo de sucesos entre una universidad pública y el Gobierno estatal ya habían pasado en otras entidades como Jalisco, donde los académicos salieron a las calles, a manifestarse ante la casa del Gobernador por alrededor de 30 días hasta lograr el pago, pero subrayó, no había sucedido en la magnitud como lo está siendo con la Veracruzana.

Reconoció que el rector Bravo, de la Universidad de Guadalajara, fue enfático en pedir el apoyo de las universidades públicas del país para la de Veracruz y por ello es que se emitió un desplegado.



Fue ahí donde reveló que el Rector le recomendó que la UV debe salir a manifestarse a las calles; sin embargo, Ladrón de Guevara indicó que ven que éste es un tema de la institución y por ello han procurado primero las vías legales que proporciona el país para concluir con el diferendo.

“Bien podría ocurrir (salir a las calles a manifestarse), pero no es un asunto que estemos organizando”, aclaró.

Más de 260 millones de pesos adeuda la UV a sindicatos y proveedores



En conferencia de prensa, acompañada de diversos funcionarios universitarios, entre éstos, la secretaria de Administración y Finanzas, Clementina Guerrero, fue quien detalló el adeudo a proveedores.

Dijo que deben más de 85 millones de pesos a organizaciones sindicales por prestaciones, además de casi 95 millones de pesos a diversos prestadores de servicios más 80 millones de pesos de aportaciones a la seguridad social, entre otro conjunto de adeudos.

A la pregunta de si deben a académicos, Guerrero rechazó de manera categórica que se deba a alguno, lo que hay son procesos de trámite internos que a veces fallan, pero se está pagando a todos los catedráticos que están contratando, “no hay ningún problema y seguirá así”.



La Rectora refirió que en el caso de la Universidad Veracruzana Intercultural, lo que sucedió fue que los contratos tenían errores y fueron devueltos, por lo que no salió la nómina a tiempo, “no hemos faltado a las obligaciones laborales”.

Por su parte, el secretario de la Rectoría, Octavio Ochoa Contreras, detalló que por la falta de pago de más de 204 millones de pesos por parte del Estado hay obras que están detenidas, otras que no se pueden empezar.

Asimismo, no se ha podido dar mantenimiento a la infraestructura de las regiones, por lo que la falta de pago ascendería a un total de 350 millones de pesos.