Fracción IV del Artículo 3º Constitucional: ¡derogado!

Con la colocación de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) en diciembre de 2015 y mayo 2016 se ha dado el primer paso en la aplicación de este programa. Hasta el momento se han colocado CIEN por un monto mayor de 13 mmp de un total de 50 mmp programado hasta 2018, que, como ya se dijo en la nota anterior, sustituye al programa de Escuelas Dignas; siendo éste, todo un fracaso en el cumplimiento de sus objetivos debido a la dilapidación de los recursos asignados (más de 8 mil millones de pesos).

El programa en cuestión (CIEN) estando apenas en su primera fase ya ha generado dudas; tanto en inversionistas como en (AE) autoridades educativas y gobernadores. Por supuesto, existe también incertidumbre en los Padres de Familia pero al ser prescindibles para firmar los convenios en la escuelas seleccionadas donde se aplica el Programa, ellos en realidad No cuentan, aunque serán los directamente afectados.

Con respecto a los inversionistas, no obstante que les ha sido garantizado el pago de su inversión con el 25 % del Fondo de Aportaciones Múltiples (ramo 33, FAM) y un interés fijo anual del 8 % durante 25 años, mostraron desconfianza al no agotar los Certificados ofertados por Invex (Banco de empresas encargado de colocar los CIEN). Su recelo lo genera la posibilidad de no alcanzar sus elevadas expectativas de ganancias. Temen que la caída de los precios del petróleo, que es de donde se constituye parte importante del FAM, los afecte.



En los casi 8 meses de vigencia, la desazón mayor se presenta en las AE de distintos niveles; los directores de escuelas que solicitan ser incluidas o ya lo fueron, desconfían de la autonomía y transparencia del INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa). Por su parte, en los gobernadores que firmaron el acuerdo para echar a andar el Programa, hay desasosiego al desconocer el grado de afectación que tendrán los fondos (ramo 33) que reciben para el desarrollo social (salud, educación, infraestructura básica, electrificación, etcétera).

Algunos lectores se preguntarán por qué el Gobierno compromete ese monto (600 mmp) como garantía a los empresarios si es el doble del presupuesto educativo de 2016. ¿No sería mejor sumar aquella cantidad a este? Pues si, pero de este modo no hay negocio y el dinero se quedaría en los bolsillos de los funcionarios, principalmente.



Adelantemos algunas conclusiones:

El Programa, profundizará la inequidad existente: habrá escuelas de primera, segunda y hasta de ínfima categoría, en razón de ser seleccionadas por el INIFED únicamente las que cumplan con los requisitos legales (impuestos por los inversionistas). El criterio mínimamente justo sería elegir aquellas con mayores carencias y deterioro de infraestructura. Pero NO es así. Por lo pronto serán excluidas aquellas con grupos de menos de 30 alumnos y carecen de títulos de propiedad. Utilizando su propia semántica diremos que NO podrán ser CLIENTES POTENCIALES (ingresar al programa) las escuelas de mayor marginación. ¡Claro! No se le puede sacar algo a quién nada tiene. Por otro lado si los 600 mmp provienen del 25 % del ramo 33 (2.4 billones) entonces las comunidades solicitantes de servicios de salud, educación e infraestructura básica se verán

doblemente afectadas en esa proporción.

Sí los niños y padres de familia, bajo el “liderazgo del director” se convierten en CLIENTES pasivos, es justificable venderles y cobrarles por todo lo que las empresas ofrezcan y de cualquier calidad ya que no hay protección y defensa real ante eso. Por ejemplo, ya hay quejas de que se construyeron baños con costo de ¡800 mil pesos! o se han reportado construcciones no realizadas. Cuando la AE recibe la queja esta es remitida a… si, aunque usted no lo crea… a la empresa responsable.

El Estado descobija a las escuelas publicas; pero, en una jugada perversamente engañosa cumple con la recomendación de la UNESCO y de la OCDE “aumentando” el presupuesto educativo, casi al doble si repartimos los 600 mmp en tres años y lo sumamos a los 300 mmp nos daría 500 mmdp, cantidad cercana al 7 % del PIB. En el papel se incrementa el gasto por alumno, pero no en los hechos.



Vean el circulo cuasi diabólico de estos emprendedores ¿preocupados? por una Educación de Calidad. Modificaron las leyes que les permiten participar en el financiamiento de la educación, modificaron la Constitución (Art. 5º transitorio) y la LGE que legalizan las cuotas “voluntarias” y otorga mayor autonomía para participar en la gestión escolar, el Estado abandona el gasto directo en infraestructura (por ser considerada por los empresarios una competencia desleal), se crea el programa Escuelas al CIEN, después modifican la LCF (Ley de coordinación fiscal), se regularizan los títulos de propiedad en las escuelas y se crean e involucran instituciones privadas (Bancos, aseguradoras, empresas e inversionistas) como el Ivex, las afores y a sus empresas constructoras y proveedoras de servicios para suscribir convenios con las escuelas que ellos mismos eligen (INIFED).



Para cerrar este círculo vicioso, ellos mismos se vigilan, se regulan y seleccionan la empresa que va a ejecutar los trabajos o dar el servicio. Si es una construcción o instalación de equipos, los padres deberán hacerse cargo, obligatoriamente, del mantenimiento de la misma, por siempre. Y, si no pueden pagarlo, entonces la escuela será objeto de sanciones por incumplimiento. ¿Qué pasará? ¿se impondrán cuotas y embargarán ingresos escolares hasta cubrir la deuda? ¿Rematarán los bienes de la institución? No, todavía no, primero intervendrán con otra empresa que se haga cargo del mantenimiento: ¡imponiendo otro convenio!

Llegará el momento que los costos por mantener a un hijo en la escuela pública sean mayores o iguales a los de las particulares, y entonces, cualquier padre preferirá inscribirlos en éstas últimas (como ya está sucediendo.



Así, poco a poco, de acuerdo a lo planeado por los neoliberales, las escuelas públicas desaparecerán por falta de demanda y se habrá terminado con la competencia desleal (empresarios dixit) y con el Derecho Humano de recibir educación básica gratuita. Es decir en los hechos la Fracción IV del Artículo 3º Constitucional[1] habrá sido ¡derogado!

Finalmente, respondo la pregunta de un lector: ¿no hay alternativa? Siempre la habrá. Para comenzar es recomendable que la AE y padres de familia NO INGRESEN A ESE PROGRAMA, mejor exijan que el gobierno local y federal otorgue los recursos para servicio e infraestructura escolar que le impone la Constitución. También, pueden construir una real autonomía de gestión creando cooperativas para mantener a sus escuelas sin la intervención de Gobiernos ilegítimos que no los representan.



Por otro lado, los ciudadanos debemos realmente responsabilizarnos socialmente, preocupándonos por la cosa pública y por el dolor ajeno. Hay que proponer leyes más justas y representativas; cambiar y derogar aquellas hechas solamente para mantener los privilegios de explotación de unos cuantos.
Por el momento, los maestros, con todos sus vicios y virtudes, son de las pocas resistencias civiles, organizadas contra esta situación de expoliación generalizada. Los maestros en activo, que no militan en la CNTE, pueden empezar mandando a la estratósfera a sus líderes que les mienten, les traicionan y pisotean su Dignidad.