Invaden comuneros de El Palmar instalaciones del INIFAP

Al agotar el diálogo con funcionarios del Gobierno Federal y no tener otra alternativa, comuneros de El Palmar invadieron las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Para ello, se organizan para trabajar las 70 hectáreas de tierra, que es lo que le queda al INIFAP, pues 230 hectáreas más fueron invadidas desde el 29 de septiembre de 2009, por un grupo de personas que se autodenomina ejido “Mata de Agua”.

Mujeres y hombres aclararon no tener un dirigente, porque es es el pueblo quien tomó la determinación de invadir este centro de investigación, tras la negativa del director general del INIFAP en Veracruz, Sergio Alberto Curti, y la prepotencia de la jefa de la unidad de este centro de investigación, Olga Santiago Trinidad.



Expresaron que ellos, tras 30 días de haber sólo impedido el acceso a los empleados y que estaban ya dispuestos a entregar las instalaciones, presentaron un pliego petitorio de tres puntos:

Que el INIFAP desincorporara la zona urbana de la propiedad Federal, la ampliación de lotes para casa habitación y que les otorgaran copia del expediente del litigio INIFAP ejido “Mata de Agua”, para saber en qué proceso va la denuncia contra esos invasores.

Sin embargo, los comuneros aseguran que les fue negada en la última reunión que sostuvieron con los funcionarios, donde por cierto, el director del CIRGOC de Paso del Toro, “un tal licenciado de apellido Naranjos, nos señaló de mezquinos, a lo que le contestamos, que mejor era ser mezquinos que rateros, pues el ingeniero Carlos Monroy, cuando fue jefe del campo experimental, le llevaron a su casa en Córdoba un camión lleno de tablones de madera de cedro, y quien entregó las 230 hectáreas a los invasores”.



También señalaron que les han hecho llegar rumores de amenazas de la jefa de la unidad, Olga Santiago Trinidad, de que “si no se salen a la voz de ya”, les va a mandar la Marina para ser desalojados.

Durante el proceso de invasión, información exclusiva para alcalorpolitico.com, expresan que ellos nunca tuvieron la intención de actuar de esa forma, pero las circunstancias los han obligado.

Comentaron que si el INIFAP les hubiera regularizado los 102 lotes que han solicitado desde hace más de 30 años, se hubieran dado por agradecidos.



Dicen que el problema empezó cuando los invasores de las más de 200 hectáreas, también invadieron 28 lotes que ellos ya los tenían en solicitud que sería para las mujeres solteras, hijas de extrabajadores de este Centro de investigación, que dieron su vida.

Preguntaron, ¿por qué cuando los 49 invasores de los que hoy se autonombran ejido “Mata de Agua” invadieron, no actuaron? Dijeron que en ese momento estaba como jefe de la unidad Carlos Monroy Rivera, quien, según ellos, apoyó esta invasión y quien hasta la fecha, aseguran, tiene nexos con estos campesinos.

Durante el caminar por las instalaciones de este centro de investigación ―donde laboran 17 personas, siete de base y diez libres, para atender más de 400 plantas de investigación, entre ellas, flores exóticas, cedro rojo, plantaciones de café, hule, lichi, mangostán― que está entre el monte, aseguraron que hay extensiones que desde hace muchos años han estado abandonadas.



También existen proyectos que se quedaron en el intento. Expresaron que “no podrán echarles la culpa, porque las fotos dicen más que mil palabras”, luego que las instalaciones de tres invernaderos, que fueron abandonados desde hace seis años, se están cayendo a pedazos; sólo uno, el de café, está funcionando bien, observaron.

Dijeron que el pasado fin de semana entraron y limpiaron algunas áreas como es un invernadero de café y las plantaciones de mangostán, una fruta exótica, a la que, afirmaron, los trabajadores jamás tuvieron acceso a probar, porque todo lo cosechaban los investigadores y, por lógica, la mayoría de esta cosecha era para los jefes de este centro INIFAP. En el mercado, la caja de ocho kilogramos de esta fruta tiene un precio de tres mil 500 pesos.

Expusieron que ahora que han invadido este predio, se organizan y ya están por conformar una Sociedad de Producción Rural, para trabajar estas tierras que han estado abandonadas desde hace muchos años.



Expresaron que de todas formas, si no lo invadían ellos, ya hay otros dos grupos que también amenazaban con hacerlo, cuando ellos consideran que por derecho les toca, porque son hijos de trabajadores de este centro de investigación que le dieron su vida, y que incluso fueron corridos sin darles un peso de acuerdo a la Ley.

Por estas injusticias, comentan, varios se han ido al vecino país del norte, otros están en El Palmar, sin trabajo, como es el caso de Alberto Granja, que junto con otros 70 fueron despedidos en la primera etapa, allá por el año de 1980, sin recibir un sólo peso.

Explica que después de laborar durante 20 años, de la noche a la mañana les dijeron que se había terminado el trabajo, y que posiblemente les avisarían cuando nuevamente los necesitaran.



Hoy, junto con otros extrabajadores que aún viven, como Justino Rosas Luna y Artemio Hernández Granja, dicen que lo que buscan es, cuando menos, un pedazo de tierra donde vivir y donde trabajar, porque el lugar donde viven sigue siendo del Gobierno Federal, y lo que desean es que este regularizado por el INIFAP.

En esos años, comentan, percibían un salario de 40 pesos diarios, y lo que pedían era un aumento a su salario; ese fue su delito para ser despedidos.

Pero Artemio Hernández, de 41 años de edad, fue más allá, al decir que él pidió un aguinaldo y fue suficiente para formar parte la lista de los 70 despedidos.



Dice que su trabajo era estar cargo de 70 mujeres y 20 hombres que trabajaban unos viveros, teniendo como jefa a Olga Santiago Trinidad; a cambio de eso, “nunca tuvieron IMSS, caja de ahorro, nada”, anotó.

Aseguró que Olga Santiago Trinidad, a quien señaló como una mujer prepotente, “al primero que le levantaba la mano, lo corría”.

Indicó que ahí, en las instalaciones, falleció un trabajador de la tercera edad de un paro cardiaco, “lo levantaron y se lo llevaron como cualquier cosa, y sólo le pagaron la caja a sus familiares, y no pasó nada”; no le dieron nada más a su familia.



Afirmó que, cuando estuvo laborando ―hace como 12 años ―, llegó un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a él, como encargado de personal, Olga Santiago Trinidad le pidió que se llevará a los trabajadores; diciéndole: “‘llévate a la gente a donde quieras, pero a la gente no la queremos ver aquí’, y no sabíamos porque. Pero después nos enteramos que había llegado un funcionario de la CNDH; que con tal de que la gente no se quejará, me pidieron llevarme a la gente a otro lado”.


Por su parte, Raúl Ortiz Juárez, expuso que él formo parte de la segunda etapa de despedidos, que fueron también como 30 trabajadores.



También coincidió en que tampoco les pagaron conforme a la Ley por los más de 20 años de trabajo, pero sí fueron objeto de vejaciones, humillaciones; y como están alejados de la ciudad, no tienen a donde ir a quejarse. Expuso que a su edad, ya nadie les quiere dar trabajo; por lo que su deseo es que les legalicen sus lotes y un pedazo de tierra para trabajar.

Advirtieron, junto con las mujeres, que si algo les sucede, responsabilizan Olga Santiago Trinidad, quien les ha exigido que desalojen el predio del INIFAP. Además, en la última reunión, los regidores del ayuntamiento de Tezonapa, Esteban Ruiz Hernández y Jesús García Zavala, también les pidieron que entreguen las instalaciones, y se preguntaron cuál es su interés.

Mientras tanto, estos hombres y mujeres de El Palmar, pidieron la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la Comisión Nacional de Derechos Humano, porque a pesar que han acudido a la SAGARPA y al INIFAP en México, no han tenido respuesta favorable.