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Sección: Vía Correo Electrónico

Opina que para recoger vehículos los dueños deben ser oídos y vencidos en juicio

Apela a los artículos de la Constitución de que nadie puede ser molestado en su persona o bienes

11/10/2012

alcalorpolitico.com

Distinguido director de alcalorpolitico.com:

Agradezco la publicación en su prestigiado medio de comunicación de la siguiente opinión que se relaciona con la declaración que el día de ayer publica con el título “En noviembre se iniciará el retiro de 60 mil vehículos que no reemplacaron: Bermúdez”.

La declaración del Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Arturo Bermúdez Zurita, respecto al retiro -a partir del 1 de noviembre- de los vehículos que no han sido reemplacados me parece que es un acto de exceso, que vulnera el estado de democrático y de derecho.

Me explico: el principio de legalidad de todo estado de derecho se basa en que las autoridades sólo pueden hacer lo que las leyes le permiten, mientras que los particulares se mueven bajo la premisa que afirma que todo lo que no está prohibido, está permitido.

En este sentido, la Constitución General de la República en el párrafo segundo del artículo 14 señala que,

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Y el artículo 16 de la misma norma suprema del país ordena que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

¿La Secretaría de Seguridad Pública cumple con estos requisitos constitucionales, es decir, que en los 60 mil casos de los particulares que no emplacaron sus vehículos se llevó a cabo un procedimiento en el que se cumplieron las formalidades esenciales (notificaciones de inicio del procedimiento y sus consecuencias, derecho de audiencia para ofrecer y desahogar pruebas, derecho del gobernado de alegar lo que su derecho convenga, y que la autoridad competente dicte una resolución que dirima la controversia)?

Si no es así, creo que las declaraciones de Secretario de Seguridad Pública no contribuyen en nada a la reconstrucción del estado de derecho y la cultura de la legalidad, en la que se ha esmerado el Gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Agradezco el espacio de su medio de comunicación y le reitero mi reconocimiento a la constante tarea de mantener informados a la sociedad.

Pido proteja mis datos personales.

Arturo Anous
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