Pese a marco legal de prevención y contención de la tortura, es una práctica recurrente: Diputado

Diputados de grupo parlamentario de MORENA y defensores de derechos humanos urgieron a revisar, discutir y aprobar la minuta del Senado que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Todavía haya vacíos en la ley y esperemos que las comisiones presenten el dictamen en los próximos días y que se haga una discusión abierta para subsanar algunas omisiones”, señaló el diputado Juan Romero Tenorio, al inaugurar el foro “La tortura, práctica recurrente en México”.

Expresó que pese que existe un marco internacional que ha avanzado en la prevención y contención de la tortura, y que México cuenta con una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, aún existen prácticas recurrentes.



La coordinadora de MORENA, Rocío Nalhe García, indicó que la práctica de la tortura y la constante violación a los derechos humanos son producto de la descomposición social.

Por ello, expuso, el tema de los derechos humanos es prioritario, porque es la esencia de cada ciudadano en el país, e instó a seguir trabajando todos los días para reivindicar y para buscar la felicidad del ser humano.

“Los mexicanos queremos ser felices, empleo digno, libertad digna, una soberanía nacional que nos enorgullezca, porque todo eso está perdido. Este foro nos alimenta de información para legislar en esta materia”, asentó la legisladora.



No es una argucia legal
Andrés Díaz Fernández, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, apuntó que la tortura no es una argucia legal, es un delito, una violación a los derechos humanos y es una práctica que se sigue presentando y no se puede seguir tolerando.

Agregó que la tortura debe ser prohibida absolutamente, no regulada, y el Estado debe tener mecanismos de control para poder prevenir y sancionar esta práctica.

“No se puede seguir manteniendo un esquema donde se pueda torturar abiertamente, donde no se tome con seriedad la prohibición absoluta de la tortura y en donde no haya ningún mecanismo de prevención en general”, sentenció.



En ese sentido, exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y tomar en cuenta a las organizaciones que han trabajado en el asunto.

“Toda ley va a ser perfectible, pero sí necesitamos que se pueda aprobar como está la ley, porque las víctimas de tortura también son víctimas y las víctimas del delito deben también tener sus derechos garantizados”, aseveró Díaz Fernández.

Un problema de corrupción
Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), refirió que la tortura es “un problema de corrupción, de tráfico de influencias, técnico, pericial, pero eminentemente humano, de la guerra a la que fuimos sometidos, en la que estamos viviendo”.



Sostuvo que “La ley no es todo, pero nos ayuda, y en el derecho internacional nos va a permitir luchar por la justicia”.

Acusó a todos los Poderes del Estado de permitir la injerencia internacional en asuntos internos del país, de no tener la capacidad de acotar los programas de capacitación y por emitir leyes antídoto contra los derechos humanos.

Alfonso García Castillo, coordinador del proyecto de cabildeo de Amnistía Internacional (AI) para reformar el tipo penal de tortura en la Ciudad de México, comentó que la tortura es generalizada y se debe manejar en todos los espacios y ámbitos, no sólo en el penal.



Añadió que “la nueva ley debe contemplar tanto a quienes están acusados de cometer tortura, como los impactos de la gente que alega haber sido torturada”.

Durante el foro se desarrollaron cuatro mesas: “La Tortura en México”, “Marco normativo e instrumentos internacionales por violaciones a DH en materia de tortura”, “El papel de los jueces ante casos de tortura y el nuevo sistema de justicia penal” y “La iniciativa de la Ley contra la Tortura”.

Participaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y organizaciones en pro de los derechos humanos.