PGR no acepta la declaración de asesinos de periodistas y no atrae el expediente

La presunta resolución de los crímenes de cuatro reporteros y una empleada relacionada al medio en Veracruz por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado está en duda por parte de las autoridades federales, reveló en un comunicado el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El organismo asegura que dichas fuentes federales –que pidieron quedar en el anonimato- expresaron sus dudas sobre la investigación y detenciones llevadas a cabo por la dependencia estatal a cargo de Amadeo Flores Espinosa.

Para el organismo defensor de los periodistas es “preocupante” que los funcionarios estatales estén manchando las reputaciones de las víctimas, sin ofrecer ni una sola prueba para respaldar sus afirmaciones.

CPJ asegura que los funcionarios federales encontraron que la revisión de las supuestas confesiones carecían de los datos necesarios para procesar a los acusados.

El Comité para la Protección de Periodistas reveló que los funcionarios dudan sobre una de las declaraciones en la que el sospechoso simplemente aseguró que asesinó a mucha gente en Veracruz mientras trabajaba para el cártel Nueva Generación.

Asimismo, hay otra declaración donde un sospechoso confesó que algunos de los periodistas fueron asesinados porque estaban involucrados en el asesinato de otros comunicadores.

Los funcionarios federales señalaron a CPJ que el registro de la interrogación mostró que los investigadores no pidieron más información y es por ello que urgió a las autoridades federales a asumir el control de la investigación y enjuiciamiento de todos los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz.

Carlos Lauría, coordinador senior del programa de Las Américas del CPJ manifestó su preocupación por la falta de “detalles creíbles” ofrecidos por las autoridades de Veracruz para justificar su afirmación de que estos asesinatos han sido resueltos.

Refirió la detención de ocho sujetos quienes supuestamente confesaron que habían asesinado a los reporteros porque las víctimas, en colaboración con grupos del crimen organizado, fueron involucradas en los asesinatos de otros periodistas.

“Ahora que la enmienda constitucional para llevar al fuero federal los crímenes contra la libertad de expresión ha sido aprobada, el Congreso debe sancionar la legislación secundaria para que entre en vigencia y las autoridades federales intervengan en todos los casos de periodistas asesinados”, pidió.