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Sección: Estado de Veracruz

Propondrá Joserra incrementar sanciones a servidores públicos que cometan ilícitos

Actualmente se impone 30 años de prisión vitalicia a elementos de seguridad, de procuración de justicia y ayuntamientos que están involucrados con el crimen

Javier Salas Hern?ndez Xalapa, Ver. 29/06/2015

alcalorpolitico.com

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, José Ramón Gutiérrez de Velasco, dijo tener lista la iniciativa de reforma al Código Penal de Veracruz para incrementar las sanciones a servidores o exservidores públicos del área de seguridad, de procuración de justicia y de los ayuntamientos que comentan ilícitos.

Las penas en esa materia ya son severas, pero propone incrementarlas en un 50% para servidores públicos estatales y municipales involucrados en delitos como la extorsión, secuestro y homicidio.

Actualmente el Código Penal de Veracruz impone una prisión de 30 años o vitalicia, al sujeto activo del delito de secuestro que sea o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración de justicia o readaptación social; o tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares; cometa el delito en pandilla o asociación delictuosa o con la intervención de inimputables, o mutile el cuerpo de la víctima.

La iniciativa de reforma propone que esas causales se apliquen para servidores públicos municipales (alcaldes, síndicos y regidores), que se anexen a los delitos de homicidio y extorsión y que las sanciones se incrementen en un 50%.

Por ello, las sanciones van dirigidas a servidores y ex servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y ayuntamientos.

“Cualquier funcionario o exfuncionario que esté o hayan estado en áreas vinculadas con la seguridad y que esté involucrado en delitos como es la extorsión, el secuestro y el homicidio, que tengan un mayor castigo ante la sociedad, eso es lo que vamos a presentar”.

Es ilógico –expone-- que un presidente municipal o un policía, cuyo cargo es para defender a la sociedad, termine usándolo para una extorsión o para el secuestro de alguna persona.

“Si un policía o un funcionario se involucra en un secuestro, como ha sucedido en muchas ocasiones, deberían tener cadena perpetua si por mí fuera, porque están para defender a la sociedad y es indignante cuando vemos que personas como un alcalde, un policía, un regidor, un diputado están involucrados con el crimen organizado como ha sucedido en Michoacán”.

Por cuestiones de agenda de la propia Legislatura estatal no ha podido presentar la iniciativa, pero espera que en la próxima sesión, o antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, pueda presentar la iniciativa de reforma.