Traductores de MPs de asuntos indígenas, con problemas en el manejo de lenguas

Aún y cuando las agencias de Ministerios Públicos en asuntos indígenas cuentan con un traductor, el problema sigue siendo que ellos no conocen las variantes de la lengua madre, lo cual no permite una traducción al ciento por ciento en el proceso de integración de la averiguación.

En este sentido el subprocurador especializado en asuntos indígenas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Julio Muñoz Díaz, indicó que en la entidad cuentan con 7 agencias ubicadas en lugares estratégicos de las zonas serranas las cuales tienen traductores.

Sin embargo el problema sigue siendo que los traductores no conocen todas las variantes de la lengua madre, del lugar de donde ellos mismos son originarios, razón por la cual el MP tiene que pedir ayuda de algún poblador que sí conozca la variación.

“Tenemos 12 lenguas indígenas en el estado, pero tienen entre tres y cuatro variantes; aunque en términos generales tenemos en cada Agencia de Ministerio Público un intérprete que auxilia y si no sabe el traductor la variante, se apoya el MP con un ciudadano que entienda”.

Por ello se le preguntó si se requiere de mayor número de intérpretes y respondió que sí, más ahora, que se aproxima el mes de mayo que será la fecha en que se inicie el nuevo proceso penal acusatorio, que se integra por unidades regionales o distritales.

En el tema de qué tipos de delitos se cometen más en las zonas indígenas, indicó que por lo regular son las lesiones y aquellas relacionadas con el campo como pueden ser las invasiones. Los de carácter sexual no son frecuentes.

Consideró que hace falta impulsar más la promoción de la existencia de las autoridades en materia penal y de procuración de justicia que atienden al universo de la población indígena “tenemos 970 mil indígenas, y todo aquel que solicita apoyo lo hacemos con gusto es nuestro trabajo, tenemos interpretes para poderlos atender en su lengua madre”.

En todo el estado se turnan para el ejercicio de la acción penal, un promedio de 800 denuncias de asuntos indígenas de manera anual, indicó.