Reformas. Del dicho al hecho

Para los malos y peores gobiernos las noticias se repiten. En todas partes, los pueblos se niegan a aceptar más limitaciones y sacrificios, pobreza y hambre.

Ante deber no cumplido y compromiso fallido. Ante saqueo y atraco gubernamental y el crecimiento de inseguridad y delincuencia. La rebelión está latente, la inconformidad crece y se extiende. Viejas y nuevas formas de desobediencia y resistencia civil se gestan y hacen presentes. No a las crecientes injusticias.



SÍ SE PUEDE

Sin negar, ni hacer a un lado justos reclamos por imposiciones a derechos y libertades, en cuestionados procesos de aprobación de las reformas.

Por fin se empieza a atender uno de los insistentemente exigidos aspectos de la eficiencia y la anticorrupción gubernamental. Diríase que renace la esperanza en el

cambio, prolongadamente demandado. Pendiente procesar y castigar culpables.

Hace unos días, el presidente de la República, promulga la reforma constitucional en materia de transparencia y reconoce, lo que sus subordinados, contadas excepciones aparte, todavía sostienen y practican.

En efecto, en el ámbito federal, en los gobiernos estatales y municipales, desde siempre, a lo largo y ancho en el pasado hay quienes han negado y todavía niegan, ocultan, minimizan, evitan, distorsionan o simulan. ¿No que no se puede?

“La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia y la población tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos públicos, cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.”(Jornada.080214)



Vox populi, en forma simple y sencilla lo expresa a los cuatro vientos: “…están oyendo inútiles defensores de la opacidad; los de la larga y penosa espera, a la información requerida; aquellos de la regateada e incompleta entrega a cuentagotas; esos de la recurrente declaración e imposición de reserva convenenciera…”

No se trata de que quieran, accedan o hagan el favor de transparentar sus actos y poner la información a disposición pública, porque deben tener presente y bien claro, que es ley, que es su ineludible obligación, frente a un indiscutible derecho ciudadano y social.

“…todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos o que realizan un acto de autoridad”, sostiene la institución presidencial, deben transparentar el ejercicio de los recursos. De entrada” ahora también son sujetos de esta materia los partidos políticos y sindicatos que reciban recursos públicos, al igual que los órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos”

HASTA NO VER, DIJO UN CIEGO.



No es por nada pero, ¿cómo creer en lo que siempre se ha dicho si pocas, muy pocas veces se lleva a cabo, se materializa y vuelve realidad?

Ahí están innumerables historias de ineficientes e irresponsables, de cómplices y presuntos responsables transformados en conocidos y enriquecidos delincuentes que la impunidad

protege, al grado tal de reciclarlos de un puesto a otro; convertirlos en “necesarios y amados” verdugos y simuladores en país de masoquistas y hasta de mercadotécnicos y desechables candidatos de la subsidiada y costosa

partidocracia.

Ejemplos que se repiten, hasta el asombro y la indignación.

En este contexto hay que intentarlo. Exigir congruencia al crear

o reformar leyes, pero más que todo cumplir y hacer cumplir, puntual y permanentemente. Crimen y castigo. Justicia en aplicación, no en simulación.



El reto es consolidar lo poco bien hecho; reconocer y alentar responsabilidad y eficiencia; e ir más allá, de identificar honestidad y profesionalismo, decencia y decoro, para fortalecer, reproducir e innovar las instituciones gubernamentales.

Y desde luego, perseverar en lo de siempre, en eliminar errores y pérdidas, y despedir ineficientes y delincuentes gubernamentales. No más impunidades.



Preciso reclamar e insistir, en todas las formas legales posibles y desde el uso responsable de todos los derechos y libertades ciudadanas; hacerlo dentro y a todos los niveles de los diversos ámbitos de gobierno; impostergable y urgente detectar, enfrentar, combatir y erradicar a quienes debilitan y vulneran el Estado de Derecho, esos que facilitan, alientan y permiten irresponsabilidad e ineficiencia, así como corrupción, complicidad e impunidad gubernamentales.

Presente negado, futuro cancelado. No más recursos públicos a opacidad, ineficiencia y corrupción. No más facilidades y atribuciones a omisos, cómplices y delincuentes. A los que fallan y no cumplen, no más credibilidad y confianza individual y colectiva. No más oportunidades. ¿Por qué y para qué nombrarlos, elegirlos o reelegirlos? ¿Para qué continúen haciendo lo mismo? ¿Recompensa a

ineficiencia y perversidad, a ineptitud y complicidad como funcionarios públicos?



Urge establecer y sostener como sistema y frontera pública la permanente evaluación objetiva del trabajo realizado, para evitar exponer a la población a seguir en manos de sus verdugos, parásitos o depredadores.

Excepciones aparte. No informan, ni comparecen, ni evalúan y niegan a la sociedad el acceso a saber qué, cómo, cuándo y porque hacen, o dejan de hacer o hacen mal su trabajo. Manipulan, distorsionan y mienten; se dedican a auto promoverse, justificarse y difundir su irrealidad llena de fantasías, logros imaginarios y verdades a medias.



Evaluar para identificar, reconocer y estimular un buen trabajo; para consolidar y

continuar aciertos, logros y avances; y, sobre todo, para atender prioridades y necesidades sociales impostergables, resolver problemas viejos y nuevos, y

encontrar soluciones viables

a reclamos e inconformidades sociales.



Legitimar es auscultar, movilizar y tomar en cuenta la participación y el sentir social e individual, para saber si es justo, se merece o está bien proceder

a apoyar, ratificar o renovar

el mandato, ¿o qué

es obligatorio soportar y padecer malos o peores gobiernos?

Todos, sin excepción, deben sujetarse al escrutinio y valoración pública. ¿Por qué no identificar y separar a los buenos de los regulares o nefastos servidores públicos?¿Por

qué no deshacerse, cuanto antes y al menor costo, de los malos y

peores gobernantes, antes de que causen mayores daños, pérdidas y problemas?

Revocación, expulsión y hasta procesamiento del no poder, hacer mal, omitir, indebidamente permitir; corromper, ser cómplice o delincuente gubernamental.



Promover y consolidarla transformación gubernamental real y efectiva.

Veamos cómo responden los gobiernos estatales y municipales. En particular, comprobemos cuál es el respaldo real y efectivo a las reformas anticorrupción.