“Cartel Inmobiliario” se adjudica 4 hectáreas tras juicio contra fallecido, en Alto Lucero

Apolinar Aguilar Castillo murió el 29 de mayo de 2023. Sin embargo, más de un año después de su fallecimiento, dentro de un juicio iniciado por un pagaré de 200 mil pesos continuaron actuaciones judiciales como si el demandado todavía pudiera recibir notificaciones, hasta llegar a la adjudicación de un terreno de más de 4 hectáreas, para integrantes del presunto “Cártel Inmobiliario” de Xalapa.

En el expediente figuran nombres que se repiten en denuncias de víctimas de despojo: Roly Domínguez Romero, Miguel Isaac Contreras Gómez Gil, Jese Miguel Ramírez Pozos, Pedro Damián Atilano Cruz, Salvador Matías González Montano, Irisela Aguilar Aguilar, Rafael Contreras Salazar y el notario público 27 de Xalapa Eugenio Vásquez Muñoz.

Apolinar Aguilar Castillo, fallecido en 2023, dejó como heredero de un terreno de 4 hectáreas en el municipio de Alto Lucero, denominado “La Cañada”, a Rafael Alberto Aguilar Domínguez, quien asegura que está a punto de perder la propiedad sin haber sabido siquiera que existía el procedimiento.

A decir del heredero, este lunes, al acudir al Registro Público de la Propiedad descubrió el embargo y, de acuerdo con su abogado, el inmueble ya fue adjudicado y se pretende avanzar en su protocolización ante la Notaría 27, a cargo de Eugenio Vásquez Muñoz, fedatario que también ha sido señalado públicamente por afectados en otros expedientes relacionados con el denominado “Cártel Inmobiliario”.

El caso se encuentra dentro del expediente 919/2022/II correspondiente a un juicio ejecutivo mercantil promovido por Miguel Isaac Contreras Gómez Gil contra Apolinar Aguilar Castillo ante el entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa.

La documentación entregada a este medio permite reconstruir cómo una reclamación de 200 mil pesos terminó comprometiendo bienes inmuebles del demandado. La demanda fue presentada por Miguel Isaac Contreras Gómez Gil, 6 meses después del fallecimiento de Apolinar Aguilar Castillo y en ella asegura que el 10 de enero de 2021 suscribió un pagaré por 200 mil pesos, con vencimiento el 10 de enero de 2022.

Además del capital, Contreras Gómez Gil reclamó intereses moratorios del 5 por ciento mensual sobre los 200 mil pesos hasta la liquidación total, así como gastos y costas judiciales.

En el documento inicial, Miguel Isaac Contreras Gómez Gil autorizó, con fundamento en el Código de Comercio, al abogado Roly Domínguez Romero, con cédula profesional 6110752. Asimismo aparecen autorizados como sus abogados, Jese Miguel Ramírez Pozos y Pedro Damián Atilano Cruz; todos ellos señalados en diversos casos de despojos en Xalapa y municipios aledaños.

La demanda también incorpora como prueba un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre Miguel Isaac Contreras Gómez Gil y Roly Domínguez Romero. Incluso se ofreció la ratificación de contenido y firma a cargo del abogado en caso de que ese documento fuera objetado.

Estos nombres no son nuevos en las denuncias que durante los últimos meses han realizado propietarios de Xalapa y la región. Distintas víctimas han señalado la repetición de determinadas personas en procedimientos judiciales que, aseguran, terminaron o pretendieron terminar con la pérdida de sus inmuebles.

En este caso, fue el 10 de marzo de 2023 cuando se realizó en Cerrillos de Díaz, municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, la diligencia de requerimiento de pago, emplazamiento y embargo, con base en el pagaré de 200 mil pesos.

El documento señala que participaron la entonces jueza municipal Karla Paola González González y la secretaria de Acuerdos Zurisaday Ramos Cruz, en funciones de actuaria. Sin embargo, Apolinar Aguilar Castillo no atendió personalmente la diligencia, porque tenía más de año y medio de fallecido.

Quien recibió a las funcionarias fue Salvador Matías González Montano, quien se identificó como “conocido del demandado”. La diligencia señala que se requirió el pago de los 200 mil pesos y que la parte demandada reconocía el adeudo. Sin embargo, la persona localizada físicamente en el domicilio, conforme al propio documento, no era Apolinar Aguilar Castillo.

Durante esa misma actuación se procedió al embargo de bienes. Entre ellos quedó señalado un inmueble de más de 4 hectáreas relacionado con la zona de Cerrillos de Díaz, Alto Lucero, identificado por la familia como “La Cañada”. Los documentos catastrales entregados a este medio hacen referencia a 2 fracciones rústicas y contienen antecedentes, superficies, medidas y colindancias del inmueble.

Apolinar Aguilar Castillo falleció el 29 de mayo de 2023, de acuerdo con el acta de defunción presentada por su representación legal a cargo de José Juan Bernal Melgarejo, abogado litigante que representa al heredero Rafael Alberto Aguilar Domínguez, y quien aseguró que el procedimiento no se detuvo con la muerte del demandado.

Por el contrario, el abogado explicó que el procedimiento continuó hasta sentencia, se condenó al pago del capital y de los intereses moratorios y posteriormente se realizaron nuevas actuaciones encaminadas al cobro y adjudicación de los bienes embargados.

“Los jueces tienen que checar antes de emitir una sentencia que se haya llevado a cabo el emplazamiento y notificación a las personas demandadas para que éstas tengan la certeza de que se les da la oportunidad de oír y ser vencidas en juicio. Sin embargo, la sentencia se dictó”, señaló Bernal Melgarejo.

El 28 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa, cuyo titular en esa fecha era Leopoldo Toss Capistrán, decretó la adjudicación directa de 2 fracciones rústicas de Cerrillos de Díaz, Alto Lucero, a favor de Miguel Isaac Contreras Gómez Gil.

El expediente contiene un extenso razonamiento sobre la trascendencia jurídica del emplazamiento y cita criterios judiciales que establecen que el demandado debe conocer de manera completa la demanda y los documentos presentados en su contra para poder ejercer su defensa. Incluso se establece que una deficiente práctica del emplazamiento puede representar una violación procesal de gran magnitud.

La contradicción que ahora cuestiona la defensa es que, pese a esas garantías asentadas en el propio procedimiento, Apolinar no habría atendido personalmente la diligencia inicial porque ya había fallecido, pero aún así, el expediente continuó su curso. Uno de los episodios más delicados y que se encuentra en el expediente, ocurrió, según Bernal Melgarejo, entre octubre y noviembre de 2024. Para entonces Apolinar Aguilar Castillo llevaba alrededor de un año y medio muerto.

El abogado explicó que se realizó otra notificación relacionada con la planilla de intereses moratorios y que ésta fue recibida por una mujer identificada como Irisela Aguilar Aguilar, también señalada en otro caso de despojo en ese mismo municipio. De acuerdo con el litigante, en el expediente quedó asentado que la mujer manifestó que Apolinar “no se encontraba” en ese momento y recibió la documentación. “No se podía encontrar porque ya había fallecido desde el 29 de mayo de 2023 y ella lo sabía”, expresó el abogado.

Para la defensa, este hecho es uno de los puntos que deberán investigarse penalmente, pues sostiene que resulta inexplicable que el procedimiento continuara tratando al demandado como una persona susceptible de ser localizada y notificada. Bernal Melgarejo planteó sospechas sobre la actuación de Irisela Aguilar, quien recibió la documentación; pues considera que actuó con alevosía y ventaja para beneficiar a terceros, en este caso a los abogados Roly Domínguez Romero y Miguel Isaac Contreras Gómez Gil.

Después de “notificado”, el juicio avanzó hacia el inmueble. El abogado Bernal Melgarejo sostiene que se realizó un avalúo que fijó el valor de la propiedad en aproximadamente 392 mil pesos, cantidad que considera muy inferior a su valor comercial. “Ese valor es muy inferior (...) 4 veces inferior al valor real comercial”, declaró.

Según el litigante, con ese avalúo se avanzó hasta la adjudicación del inmueble a favor de la parte actora. De comprobarse la estimación de la defensa, un procedimiento iniciado por una deuda principal de 200 mil pesos habría terminado con la adjudicación de más de 4 hectáreas cuyo valor comercial sería considerablemente superior.

Ahora, aseguró, se busca protocolizar la operación con escrituras ante la Notaría 27, encabezada por Eugenio Vásquez Muñoz. El nombre del fedatario es relevante porque afectados de otros casos que atribuyen al llamado “Cártel Inmobiliario” han señalado previamente a Eugenio Vásquez Muñoz y su notaría dentro de operaciones relacionadas con inmuebles en disputa.

El heredero Rafael Alberto Aguilar Domínguez, se enteró este lunes de todo lo ocurrido. Su versión es que acudió al Registro Público de la Propiedad para regularizar documentación y ahí descubrió que el terreno estaba embargado: “fui ayer al Registro Público y me percaté de que había un embargo hacia mi terreno. Sí necesito apoyo de las autoridades porque creo que quieren ya escriturarla”, relató. El afectado dijo que “La Cañada” tiene una superficie superior a 4 hectáreas y se encuentra en la zona de la carretera hacia Cerrillos en el municipio de Alto Lucero.

También aseguró desconocer el pagaré sobre el que se construyó el juicio, incluso cuestionó que Apolinar hubiera necesitado pedir ese dinero, ya que lo describió cómo una persona solvente que nunca tuvo necesidad de solicitar un préstamo, de manera que pidió que se investigue la autenticidad de la firma, puesto que dijo, “indudablemente” es falsa, así como las circunstancias en las que presuntamente se suscribió el documento.

Por su parte, el abogado anunció que interpondrán una denuncia penal para que se investigue el origen del pagaré, el emplazamiento, las actuaciones realizadas después de la muerte de Apolinar, las notificaciones, el avalúo, la adjudicación y el proceso de protocolización. El documento identifica a Héctor Espinosa Espino, entonces juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, como quien resolvió y firmó la sentencia, asistido por la secretaria de Acuerdos Miriam López Hernández.

El caso de Rafael Alberto Aguilar Domínguez adquiere una dimensión distinta al colocarlo junto a las denuncias que han surgido durante los últimos meses, sobre todo, porque en su expediente aparecen la mayoría de los abogados involucrados en otros casos, es decir: mismos abogados, mismo notario, mismo modo de operar a través de pagaré y embargo, avalados por peritos y jueces.

El expediente no es sólo sobre un terreno embargado, al integrar los nombres de Roly Domínguez Romero, Miguel Isaac Contreras Gómez Gil, Pedro Damián Atilano Cruz, Salvador Matías González Montano, Jesé Miguel Ramírez Pozos, irisela Aguilar Aguilar, Rafael Contreras Salazar y el notario público 27 de Xalapa, Eugenio Vásquez Muñoz, se advierte un patrón de personas que vuelven a coincidir en procedimientos y operaciones inmobiliarias que distintos afectados han vinculado con los despojos en Xalapa y la región.

Ahora la defensa pretende que las autoridades revisen toda la cadena de actuaciones para establecer cómo una demanda por un pagaré de 200 mil pesos pudo continuar después de la muerte del demandado y desembocar en la adjudicación de más de 4 hectáreas. “Vamos a interponer la denuncia penal correspondiente. No puede darse el caso que se le despoje a mi representado”, advirtió el abogado José Juan Bernal Melgarejo.

El heredero, dedicado a las labores del campo, Rafael Alberto Aguilar Domínguez, hizo un llamado directo a las autoridades antes de que la operación llegue a su etapa final: “Que hagan justicia, porque no se me hace justo que me quieran quitar mi propiedad nomás porque sí”, finalizó.