Tras permanecer 112 días separado de su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo estatal, Rubén Rocha Moya anunció este viernes a través de sus canales oficiales de comunicación que ha decidido reasumir de manera inmediata el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.
En un mensaje dirigido al pueblo sinaloense y a la opinión pública nacional, Rocha Moya sostuvo que vuelve “con la frente limpia y en alto” a culminar el mandato popular para el que fue electo por la ciudadanía y que concluye el 31 de octubre de 2027.
Cabe recordar que el 1º de mayo, el mandatario morenista solicitó al Congreso del Estado una licencia temporal luego de darse a conocer señalamientos presentados por dependencias del Gobierno de Estados Unidos que pretendían vincularlo con el crimen organizado. En su momento, precisó que se separaba de la función pública y renunciaba voluntariamente a la inmunidad del fuero constitucional para presentarse como un ciudadano común ante el sistema de justicia mexicano y aclarar los imputados hechos.
Sin elementos penales en su contra, sostiene
De acuerdo con lo expuesto por Rocha Moya, durante el periodo en el que estuvo apartado de las funciones gubernamentales compareció ante los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para desahogar todos los requerimientos de la investigación formal. Aseveró que, conforme a las determinaciones del propio órgano procurador de justicia, no se halló un sólo elemento probatorio o indicio alguno que acredite la comisión de conducta delictiva o falta a la Ley.
El Gobernador calificó las acusaciones en su contra como una “patraña” motivada por intereses de carácter político e injerencista impulsados por sectores de la ultraderecha, cuyo objetivo –dijo– era atentar contra la soberanía institucional y minar el avance del proyecto político de la Cuarta Transformación en Sinaloa y el País.
Asimismo, refrendó su respaldo al proyecto del Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comprometiéndose a dar continuidad a la agenda de bienestar e inversión social orientada a las zonas con mayores carencias del Estado.