EDITORIAL  Represión a la prensa

PERIODISTAS en Veracruz han aguardado con gran prudencia a que la gobernadora Rocío Nahle García asimile el periodismo que se ejerce en esta entidad, (el verdadero periodismo, no aplaudidores elegidos) que se enfoca a defender las libertades, no sólo la de expresión sino todas las que son inherentes a los derechos humanos pero, en la acusación de terrorismo, encarcelamiento y prisión preventiva oficiosa contra el reportero Rafael León Segovia, Lafita, se observa que no le merece ningún respeto la actividad periodística y que en la persona de ese reportero de notas policíacas quiso sentar precedente para todos los que incurren en “excesos”, como ella le llama a los análisis e inclusive críticas que suelen generarse por las decisiones que asume.

PORQUE ESO DIJO ella el viernes 26, después de la Navidad, que: “Aquí en Veracruz se ha vivido un año en que perdura la libertad de expresión, yo diría que hasta con excesos”, definición que no se puede dejar pasar como una calificación válida porque condena y estigmatiza a la prensa con la idea de que ella ha sido víctima de esos excesos, pero existen firmes jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de México y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que para que la prensa garantice la información a los gobernados tiene la libertad de publicar todo aquello de lo que tiene conocimiento, investigue o inclusive, puede hacer crítica y hasta especular en torno a lo que se le oculta por funcionarios públicos que, por supuesto, intentan que sus tropelías, desfalcos y abusos del poder no se hagan públicos.

ACUSAR A UN REPORTERO de terrorismo es un verdadero atentado a las libertades de información y de expresión. La prensa veracruzana no puede tolerar que se le persiga o se le reprima con tales excesos legaloides que rayan en la ignorancia penal y en la falta de tacto político. En el año 2011, Javier Duarte de Ochoa encarceló a Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martínez por los presuntos delitos de terrorismo y sabotaje por haber tuiteado violencia en relación a centros escolares y provocar psicosis pero tuvo que dejarlos en libertad y de ahí en fuera ningún otro Gobernador veracruzano, por corrupto o arbitrario que hayan sido, se atrevió ni siquiera a insinuar algún castigo o persecución a quienes asumen la profesión de ejercer el periodismo crítico, de auténtico servicio y utilidad para la sociedad.



TAN TRASCENDENTE es esta represión que la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este lunes 29 se refirió a la acusación contra el reportero y en tono determinante hizo, entre otras, dos definiciones muy importantes. Primera: el tipo penal de terrorismo “no tiene antecedentes de aplicación en el País (…) yo creo que nunca”. Recuérdese que inclusive a la reciente explosión de un carro bomba en la comunidad Coahuayana, Michoacán, se le borró esa clasificación inicial y, Segunda: “la libertad de expresión debe estar por encima de todo y que este derecho debe garantizarse de manera plena”.

AL ACTUAL GOBIERNO de Veracruz no le ha interesado garantizar esa plena libertad de expresión a los medios de comunicación, porque al interior de la Coordinación de Comunicación Social utilizan el término de “medios aliados” y ya ahí se entra a una situación que trastoca el espíritu de la Ley de Comunicación Social vigente en Veracruz, que tiene especificados con toda claridad los criterios que deben aplicarse para la asignación de convenios de publicidad.

LA GOBERNADORA en Veracruz, Rocío Nahle, está consciente de la separación o clasificación que hace de la prensa porque el 21 de julio último declaró “Aquí hay libertad de expresión, con o sin convenio” y precisamente, la asignación de convenios vigente obedece al criterio discrecional de elegir quién sí y quién no está dentro del gusto de la Gobernadora y esa es, con toda claridad, una medida de represión para quienes no son “aliados” del gobierno sino en todo caso, servidores del pueblo, con la verdad, con el mejor esfuerzo de que la gente esté informada, con los riesgos que esto tiene de caer en “excesos” e incurrir en el nuevo terrorismo que ahora está vigente para los veracruzanos.



SABE BIEN Rocío Nahle que los recursos económicos son necesarios para la supervivencia de los medios de comunicación y al no apegarse a lo que mandata la ley, ejerce represión que pueda conducir a la desaparición de la prensa que no se someta a su voluntad o que haga señalamientos que le incomoden.