“Es como estar destapando una cloaca”, dice Ahued sobre revisión a notarías

Al menos una notaría podría ser suspendida directamente por la gobernadora Rocío Nahle García ante posibles irregularidades en trámites relacionados con propiedades, reveló el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien además confirmó que el Estado sí presentará denuncias contra notarios cuando existan elementos y reconoció que al profundizar en los casos de presuntos despojos desde la propiedad de las Ánimas, comenzaron a encontrar una problemática mayor: “es como estar destapando una cloaca”.

A diferencia de las irregularidades documentales informadas previamente por el Gobierno estatal, Ahued se refirió ahora directamente a posibles consecuencias para quienes ejercen la función notarial. Recordó que tres notarías han sido suspendidas, otras tres están en proceso y una más podría enfrentar una suspensión directa de la mandataria estatal. “Alguna otra probablemente se gane la suspensión directa de la Gobernadora por los trámites que hacen por omisión, porque no lo vio el titular o porque hubo colusión, no sabemos, pero si hay casos se le tiene que suspender”, advirtió.

El Secretario de Gobierno fue cuestionado sobre las responsabilidades que podrían enfrentar notarios vinculados con casos donde aparecen documentos o firmas presuntamente falsificados y, específicamente, si existirán denuncias. Ahued no estableció todavía un número de notarios que serán denunciados, pues señaló que los expedientes continúan bajo revisión; sin embargo, confirmó que el Gobierno procederá en los asuntos que sean de su competencia. “¿Pero sí habrá denuncias contra notarios?”, se le preguntó. “Nosotros, las que competen por nosotros, sí”, respondió.



El funcionario hizo una precisión: los documentos falsos no necesariamente se generan en las notarías. Explicó que algunos provienen de operaciones realizadas entre abogados, familiares o particulares que buscan obtener ventaja sobre una propiedad. Sin embargo, dejó claro que el fedatario tiene una responsabilidad específica antes de validar cualquier acto. “En este caso, el notario está obligado a revisar definitivamente la personalidad legal y jurídica para un trámite notarial”, señaló.

Por ello, las autoridades buscan determinar qué ocurrió en cada expediente y si la actuación de una notaría obedeció a una omisión, a que el titular no verificó personalmente el trámite o a una posible colusión. Ahued detalló que parte de los casos involucra conflictos familiares en los que aparecen firmas presuntamente falsificadas, principalmente alrededor de propiedades cuyos titulares son adultos mayores, personas enfermas o familias que no realizaron oportunamente una sucesión testamentaria o un traslado de dominio.

En esas circunstancias, explicó, algunos familiares recurren a abogados para realizar trámites que posteriormente pueden terminar involucrando otras instancias. La revisión, por ello, no se limita a las notarías. El Gobierno estatal está trabajando con el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que también se analiza la actuación del Registro Público de la Propiedad y de abogados particulares.



Luego del primer caso que se hizo público, de la propiedad de las Ánimas, Ahued reconoció que la revisión comenzó a revelar una problemática más profunda. Se refirió al desalojo ocurrido de madrugada contra una familia en Xalapa, donde, según relató, fueron sacados de la propiedad una mujer, un hombre y sus hijos menores alrededor de las cinco de la mañana.

Ese expediente, aseguró, encendió las alertas dentro del Gobierno. “Sí quiero confesar que nos brincó ahí un tema que empezamos a profundizar. La señora gobernadora nos insistió que revisáramos, y es como estar destapando una cloaca cada rato más, es como una ola que nos ha permitido enfrentar y confrontar este tipo de delitos”, expresó.

Ahued reconoció incluso la existencia de un nivel de colusión en asuntos que comenzaron a ser revisados. “Había una colusión extraordinaria, también no lo negamos”, manifestó.



Las revisiones han llevado también a retomar expedientes que permanecían detenidos. El Secretario de Gobierno señaló que, por instrucciones de Nahle García, existe actualmente coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial para analizar los asuntos presentados por ciudadanos. “Hemos desentubado desde luego asuntos del pasado que estaban atorados, no sé por qué”, señaló.

Añadió que mediante las reuniones interinstitucionales se han podido agilizar procedimientos que llamaron la atención de las autoridades. “En esas reuniones se han agilizado trámites inmediatos que estaban ahí un poquito raros, que no procedían”, declaró.

Ahued afirmó que los ciudadanos están llevando sus denuncias a la Secretaría de Gobierno para que también pueda revisarse si la Fiscalía y el Poder Judicial están actuando correctamente, siempre sin invadir las atribuciones legales de esas instituciones. Hasta ahora, indicó, suman más de 110 intervenciones con personas que han solicitado apoyo para revisar posibles despojos o situaciones que ponen en riesgo su patrimonio.



Esta semana, añadió, tiene nuevas personas citadas para analizar sus casos y proporcionar asesoría jurídica, bajo la premisa de respetar el debido proceso.

El Secretario de Gobierno pidió además que cualquier irregularidad atribuible al Registro Público de la Propiedad sea denunciada públicamente y aseguró que su dependencia no protegerá a funcionarios involucrados. “Nosotros no estamos desde esta parte para ser parte de esta mafia”, afirmó.

Con respecto a los cambios derivados de las revisiones, se realizará la concentración y posterior digitalización de los archivos correspondientes a las notarías administradas por el Estado.



Ahued informó que actualmente existen 62 notarías cuyos archivos están bajo responsabilidad estatal y que próximamente recibirán dos más. Para concentrarlas, la administración estatal trasladará la documentación a un inmueble de aproximadamente cuatro mil metros cuadrados, anteriormente utilizado por la Fiscalía y ubicado en las inmediaciones de Ávila Camacho.

El funcionario explicó que actualmente los archivos se encuentran distribuidos en tres espacios y que el cambio al nuevo inmueble representará una diferencia aproximada de 20 mil pesos en renta. La intención no solamente es contar con mayor espacio, sino ordenar los documentos y facilitar a los ciudadanos la consulta de escrituras antiguas relacionadas con sus propiedades.

Además, existe la instrucción de avanzar en la digitalización para que los documentos puedan consultarse en pantalla y disminuir la manipulación física de los libros notariales. Ahued relacionó directamente esta medida con irregularidades ocurridas anteriormente. “Era muy fácil el fraude que manipulando libros y luego metían una hoja por otra”, reveló.



La modificación de hojas dentro de los libros, explicó, podía terminar afectando documentos relacionados con propiedades, por lo que el Gobierno busca establecer mayores controles sobre los archivos que se encuentran bajo su resguardo.

Con las investigaciones todavía abiertas, Ahued evitó anticipar cuántos notarios terminarán denunciados. Lo que sí confirmó es que las consecuencias podrían avanzar tanto por la vía administrativa como por la legal: tres notarías ya fueron suspendidas, tres están en proceso, otra podría recibir una suspensión directa de la Gobernadora y, cuando corresponda al Estado y existan elementos, también se presentarán denuncias, sentenció.