“Fiscalía es especialista en armar carpetas y fabricarlas”: Angélica Sánchez

La exjueza e integrante de Movimiento Ciudadano (MC), Angélica Sánchez Hernández, sostuvo que los procedimientos de declaración de procedencia contra 2 alcaldes de su partido responden a criterios políticos.

La también integrante de las coordinadoras nacional y estatal de MC cuestionó que las solicitudes para retirar el fuero se hayan dirigido contra Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, mientras otros ediles denunciados y relacionados con MORENA no enfrentan procedimientos semejantes. “Casualmente esta investigación contra alcaldes es contra (ediles) de oposición, no tomando en cuenta que también hay alcaldes morenistas que están denunciados”, declaró al acudir al Congreso de Veracruz, donde se desarrollan los procedimientos.

Sánchez Hernández mencionó el caso del presidente municipal de Cosamaloapan, Jorge Alberto Villegas Cázares, a quien ciudadanos y familiares acusan de proteger a policías municipales señalados de la muerte de un albañil detenido. “Yo quisiera saber por qué no han solicitado el desafuero del alcalde de Cosamaloapan, por ejemplo, que está denunciado. Entonces hay mucha polvareda levantada en contra de los alcaldes que son de oposición”, expresó.

Al ser cuestionada sobre si considera que las autoridades utilizan los procesos penales contra funcionarios opositores, respondió que su experiencia personal le permite sostener esa postura. “Sí, por supuesto. La Fiscalía es especialista en armar carpetas y fabricarlas, y fabricar datos de prueba. Me consta por mí misma”, acusó.

La exjueza acudió al Congreso como respaldo para los presidentes municipales y no como integrante de sus equipos jurídicos. Dijo que buscaba conocer la información presentada en su contra, pero que no le permitieron ingresar. “Únicamente vengo como apoyo, también para poder ver cuáles son los datos que hay en contra de ellos, pero a mí no me dejaron entrar”, explicó.

Las solicitudes de declaración de procedencia fueron promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el Congreso determine si retira la inmunidad constitucional a los alcaldes y permite que el Ministerio Público proceda penalmente en su contra. González Martínez es señalado en una investigación relacionada con la privación de la libertad y el homicidio de Roxana Guzmán, mientras que Bravo Montero aparece relacionado con la desaparición de 2 personas en el municipio de Úrsulo Galván. Ambos conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.