“Grotesco”, el operativo de seguridad en marcha del 8M en Xalapa, señala Araceli González

La coordinadora del Colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, calificó como “grotesco” el operativo de seguridad desplegado por el Gobierno del Estado durante la marcha del 8 de marzo en Xalapa, al considerar que el envío de mujeres policías representó un acto de intimidación hacia las manifestantes.

La activista señaló que las mujeres tienen el derecho de movilizarse y expresarse en las calles, por lo que cuestionó que la respuesta de las autoridades haya sido la presencia de elementos policiacos durante la protesta realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer. “Estamos en nuestro derecho a la movilización ciudadana manifestándonos y lo que manda el Gobierno del Estado es a policías”, expresó.

González Saavedra criticó particularmente que el operativo estuviera integrado por mujeres policías que portaban moños morados, color que identificó como un símbolo del movimiento feminista.



“Creen que por mandar mujeres ya no es un acto de intimidación, pero aún además mandan a policías mujeres con un moño morado, como una forma de burla hacia quienes hemos formado parte del movimiento feminista”, señaló.

También cuestionó que en el Palacio de Gobierno se colocaran mantas con mensajes alusivos a los derechos de las mujeres, mientras que, a su juicio, dentro de las instituciones aún persisten deficiencias para garantizar esos derechos.

“Ponen mantas, carteles en Palacio de Gobierno de ‘todos los derechos, todas las mujeres todos los días’, pero también hay una falta dentro de las instituciones para garantizar estos derechos”, comentó.



La representante de Equifonía sostuvo que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres y de reconocer la problemática que enfrentan, como la violencia feminicida, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como las dificultades para acceder a la justicia. En ese sentido, consideró que las acciones implementadas por la actual administración estatal no reflejan una política integral para atender estas problemáticas.

Hay iniciativas aisladas que no configuran una política de Gobierno para garantizar los derechos de las mujeres”, concluyó.