"Ley mordaza" no alterará labor periodística ni trastocará garantías de transparencia

La reforma al Código Civil federal, referida a daño moral, de ninguna manera alterará la labor de informar de los medios de comunicación, pues tampoco será motivo para que los sujetos obligados reserven datos públicos; sostuvo la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez.

Después de ser aprobada la modificación de dicha ley, la funcionaria electoral sostuvo que sería gravísimo que el periodista no pudiera poner en la mesa la información; sobre todo cuando se origina de mecanismos de transparencia, como ocurre en este caso particular.

Del mismo nivel de gravedad sería que el sujeto obligado pretendiera reservar la información escudándose en esa ley; aunque en caso de que ello ocurriera intervendrían los órganos garantes y finalmente resolvería el Poder Judicial, sostuvo en entrevista.



García Álvarez manifestó que en el caso del IVAI, la información está apegada a la ley, a sus manuales o a lo que los sujetos tienen obligación de resguardar.

Explicó que "son dos caminos que corren de manera paralela, que pueden tener sustento o no en información verídica y, en este caso, la ley conocida como ‘antimemes’; lo que protege es que no haya un daño moral, lo que ellos buscan es que no haya una difusión de hechos que, aunque sean reales ,puedan causar un daño, pero específicamente ridiculizar".

En relación con el uso de información pública derivada de solicitudes por parte de los periodistas, consideró que no debiera proceder la prohibición, porque son datos a los que todos tienen acceso y que se generan con motivo del ejercicio de la función pública.



Incluso en los casos en los que el servidor público haya sido sancionado por un proceso administrativo, como ya lo señaló el máximo órgano garante de transparencia en el país.

"Si se está siguiendo un procedimiento en tu contra, éste debe transparentarse y los ciudadanos tienen la facultad de conocer por qué un servidor público fue sancionado; incluso aunque no haya sanción".

Recordó que los salarios de esos servidores fueron pagados con recursos públicos, de tal manera que el ciudadano tiene derecho a saber cómo fue su actuar.

"Tenemos que llegar hasta allá, en esta materia", puntualizó.



"El tema no es poner a la vista de la gente la información, sino con información ridiculizar a una persona", finalizó García Álvarez.