“Misoginia y corrupción” en CMAS Xalapa: Corrieron a gerente Karla Castillo tras denunciar anomalías

La destitución de Karla Esther Castillo Coello como gerente de Recursos Financieros de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa ocurrió 4 días después de que denunciara presuntas presiones para autorizar operaciones financieras irregulares y luego de que presentara una queja por hostigamiento ante la Unidad de Género, de acuerdo con documentos oficiales y testimonios integrados al expediente.

El 13 de marzo de 2026, Castillo Coello notificó al director general del organismo, Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, que había acudido a esa instancia para denunciar acoso y persecución. Sin embargo, el 17 de marzo, a las 20:00 horas, recibió el oficio DG/153-A/2026 con la terminación de la relación laboral, con efectos a partir del 18 de marzo y firmado por Juárez Valladares.

En el mismo documento se instruyó la entrega de bienes, documentación y accesos. De manera simultánea, se designó a Nora Ivonne Almora Bautista como nueva titular del área, quien ya contaba con nombramiento vigente fechado el mismo 18 de marzo, antes de que concluyera el proceso formal de entrega-recepción. De acuerdo con los escritos presentados por la exfuncionaria, su salida se dio tras negarse a autorizar pagos que consideró improcedentes y rechazar solicitudes relacionadas con intereses personales del Director General.

En el expediente se incluye un audio atribuido al director de Administración, Jaime Hernández, en el que se solicita la extracción de recursos públicos para fines personales.

Vivió “clima de hostilidad absoluta”

El procedimiento de entrega-recepción fue fijado por la Contraloría Interna para el 20 de marzo a las 14:00 horas; sin embargo, la exgerente documentó que no pudo formalizarse en tiempo y forma “por causas únicas y exclusivamente imputables a la autoridad receptora y a la Contraloría Interna”, debido a la falta de formatos y documentación necesaria.

En un escrito fechado el 19 de marzo, señaló que existieron presiones para extender el proceso fuera del horario institucional y solicitó que se le notificara una nueva hora conforme a derecho. El acta circunstanciada del proceso incluye la firma de Castillo Coello con la anotación manuscrita: “Firmo bajo protesta negativa de manifestaciones”. Según el expediente, la Contraloría Interna le impidió asentar su postura dentro del documento oficial.

La testigo Monserrat González Montiel dejó constancia de ese hecho en el folio correspondiente: “Doy fe de que se impidió a la entregante asentar sus manifestaciones en el acta por la Contraloría Interna”. La exfuncionaria también reportó que la entrega se realizó “bajo un clima de hostilidad absoluta” y que se le solicitó entregar llaves, claves de acceso y dispositivos “bajo coacción”, además de no permitirle retirar objetos personales de su oficina.

Denuncia no avanza; protegerían a los señalados

El expediente describe un esquema previo de “asfixia operativa”, en el que, según la denuncia, se realizaron ampliaciones presupuestales sin la validación técnica de la Gerencia de Recursos Financieros. Estas gestiones habrían sido realizadas por el jefe de Presupuestos, Marcelino Aguilar, en coordinación directa con la Dirección de Administración.

Las pruebas presentadas –entre ellas audios, capturas de mensajería y actas de hechos– fueron entregadas al Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) y a la Unidad de Género el 18 de marzo a las 8:40 horas. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos sancionatorios contra los funcionarios señalados, según la propia denunciante. La exgerente también señaló que buscó a la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, para exponer los hechos y solicitar su intervención sin obtener ningún tipo de respuesta.

En respuesta institucional, la Contraloría Interna emitió el oficio CI/171/2026, en el que reiteró la obligación de concluir el proceso de entrega-recepción conforme a la normativa vigente. Por su parte, Castillo Coello calificó el procedimiento como un “acto de fuerza institucional” y sostuvo que se encuentra en estado de indefensión laboral, luego de que el Tribunal de Mediación aplazó hasta el 30 de abril la negociación de su liquidación. En una carta dirigida a la opinión pública, afirmó: “Mi lucha no es contra un partido, es contra la incompetencia, la misoginia y la corrupción de individuos que, aprovechándose de un cargo, pretenden pisotear a las mujeres que no nos doblegamos”.