“Que pena, no puedo darle respuesta, no es mi campo”, respondió Delia González Cobos al cuestionamiento de la diputada panista Luz Alicia Delfín Rodríguez, respecto a cuántos exservidores públicos están encarcelados a consecuencia de las denuncias penales por daño patrimonial.
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), reiteró que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene la obligación legal de dar información sobre las Carpetas de Investigación iniciadas.
Durante su comparecencia, sólo se limitó a señalar que en el 2018 se presentaron 6 denuncias; en el 2019, 68; en 2020, 46; en 2021, 7; en 2022, 6; y por ejercicios diversos, y el total de las denuncias fueron por 421 millones de pesos.
Señaló que el ORFIS ha colaborado con la autoridad cuando se le solicita y en ese sentido, dijo que han recibido 254 requerimientos de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República.
Además, personal del ORFIS ha acudido a 132 diligencias de comparecencia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a una veintena de audiencias de desahogo.
González Cobos ha mencionado en entrevistas que las denuncias se presentan en contra de quien o quienes resulten responsables y corresponde al Ministerio Público determinar en contra de quién o quiénes se finca responsabilidad.
Pero, insistió que la FGE no está obligada a informar sobre los avances de las investigaciones.
Asimismo, informó que ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), se han entregado 96 expedientes de presuntas faltas administrativas graves de los ejercicios fiscales del 2017 al 2021; y hay 2 procedimientos que están en la fase de sustanciación.
De esos expedientes de presunta responsabilidad administrativa, 36 son en contra de entes estatales y 60 en contra de entes municipales.