“No extraña” que personal de CAPUFE en Puebla sea cómplice de delitos: Lauro Rincón

La presunta complicidad de personal encargado de la vigilancia en la caseta de peaje de Esperanza, Puebla con grupos dedicados al robo de transporte es un problema que, de acuerdo Lauro Rincón Hernández, líder de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC) se mantiene sin que las autoridades hayan actuado de manera contundente.

El señalamiento surge luego de que empleados de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) fueran relacionados con hechos delictivos, situación que, afirmó el entrevistado, “no extraña” al sector transportista debido a los antecedentes que aseguran tener en esa zona.

Expuso que hace aproximadamente mes y medio un operador de transporte que circulaba por la zona fue perseguido por sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes presuntamente intentaban obligarlo a salir hacia la carretera libre. Sin embargo, el conductor logró ingresar a los carriles centrales de la autopista, donde, según el testimonio, un vigilante de la caseta habría bloqueado deliberadamente el paso del camión.

El representante aseguró que cuentan incluso con una fotografía en la que se observa al vigilante obstruyendo el paso del vehículo, situación que obligó al operador a echarse de reversa y cambiar de carril para poder continuar. “Todos están involucrados en la caseta de Esperanza”, afirmó el entrevistado, quien sostuvo que la propia dependencia tendría conocimiento de este tipo de situaciones.

A su consideración, el problema no se limita a Capufe, sino que existe una presunta contaminación de corporaciones y funcionarios de los tres niveles de Gobierno vinculados con la seguridad y vigilancia de las carreteras. “Es muy difícil bajar y disminuir a un grado de un 10 por ciento los robos en las carreteras”, sostuvo, al considerar que mientras existan posibles vínculos entre servidores públicos y grupos dedicados al robo, las estrategias de seguridad tendrán resultados limitados.

El entrevistado pidió que los señalamientos sean investigados y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se proceda contra quienes pudieran estar facilitando o participando en delitos contra el transporte.