“No hay justicia ambiental” tras derrame en el Golfo, reclamó Sergio Gil a Alicia Bárcena

“No hay justicia ambiental”, reclamó el diputado federal Sergio Gil Rullán al exigir a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, cuentas sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, los apoyos a pescadores afectados, las medidas para prevenir otro desastre y la postura del Gobierno federal frente al fracking.

Durante la comparecencia de Bárcena ante la Cámara de Diputados, el legislador de Movimiento Ciudadano sostuvo que la actuación gubernamental frente al derrame debe evaluarse desde sus consecuencias ambientales y sociales, al señalar que miles de familias que dependen de la pesca y los servicios turísticos enfrentaron afectaciones sin una respuesta suficiente.

Gil Rullán reprochó que, después de alrededor de 40 minutos de exposición de la funcionaria, no se hubiera hecho una sola mención al derrame que alcanzó costas de Veracruz y otros estados del Golfo de México. El diputado sostuvo que la contaminación se extendió por aproximadamente 900 kilómetros del litoral y que la mancha alcanzó una superficie equivalente, según su comparación, a unos 90 zócalos.

Para el legislador, la justicia ambiental implica no minimizar la dimensión de los daños ni separar la contaminación de sus efectos sobre quienes viven de los recursos naturales. Por ello cuestionó la respuesta oficial durante la temporada de Semana Santa, cuando pescadores y prestadores de servicios turísticos se preparaban para uno de sus principales periodos de ingresos.

Uno de sus principales señalamientos estuvo dirigido al número de pescadores apoyados. De acuerdo con su intervención, el Gobierno reportó apoyos para 3 mil 600 pescadores de Tabasco y Veracruz, de los cuales alrededor de 800 correspondieron a Veracruz, pese a que existe un padrón de aproximadamente 25 mil pescadores ribereños.

Gil Rullán sostuvo que una política de justicia ambiental también debe considerar la dimensión económica de una contingencia y cuestionó que el presupuesto destinado al sector pesquero fuera de 55 millones de pesos. El diputado comparó esa cantidad con los 45 millones de pesos que, afirmó, se destinaron al concierto de Martin Garrix en el puerto de Veracruz durante las mismas fechas. “¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Atender a nuestras comunidades, nuestro medio ambiente, darle importancia al sentido social y al dolor de la gente o ocultarlo y hacer como que pasa y no pasa?”, cuestionó.

El legislador sostuvo que la justicia ambiental requiere además identificar responsabilidades, transparentar los resultados de las investigaciones y establecer medidas para impedir que otro derrame genere las mismas consecuencias. Por ello pidió conocer si existen fechas para presentar los informes completos de la comisión creada para atender la emergencia, cuáles fueron sus conclusiones y qué acciones se han adoptado para prevenir nuevos episodios de contaminación. “¿Qué se ha hecho para prevenir la desgracia de otro derrame petrolero?”, preguntó al referirse también al estado de la infraestructura petrolera y a la capacidad de PEMEX para prevenir y responder ante incidentes.

Gil Rullán vinculó la misma exigencia de justicia ambiental con el debate sobre el fracking. Señaló que la fracturación hidráulica no representa un asunto ajeno a Veracruz y mencionó la franja petrolera de Poza Rica, Coatzintla y Papantla, además de Furberos. El diputado sostuvo que en esas regiones existen antecedentes de explotación de hidrocarburos y afectaciones relacionadas con actividades extractivas, por lo que pidió conocer la posición de la Semarnat ante una eventual expansión del fracking. “¿Están o no de acuerdo en la Secretaría en aplicar esta nueva lógica del fracking?”, preguntó.

También cuestionó si el País cuenta con condiciones ambientales, regulatorias y de infraestructura suficientes para permitir esa técnica y qué garantías tendrían las comunidades frente a posibles afectaciones al agua, el suelo y la salud.

Gil Rullán sostuvo que autorizar nuevas formas de explotación sin resolver las consecuencias de contingencias anteriores contradiría el principio de justicia ambiental que, dijo, debe orientar la actuación de la dependencia. “Ya le fallaron a la gente, ya traicionaron a los 25 mil pescadores de Veracruz, ya lo hicieron con los de Tabasco, Campeche y Tamaulipas. Quedó en el abandono y aún queda chapopote”, sostuvo.

Lluvias en Xalapa

La diputada federal Ana Miriam Ferráez Centeno, de MORENA y representante del distrito de Xalapa, llevó la discusión sobre justicia ambiental a los efectos de las lluvias y del cambio climático en Veracruz. Ferráez Centeno señaló que las precipitaciones recientes provocaron afectaciones en viviendas, vialidades y comunidades, además de la suspensión de clases en 13 municipios.

En el caso de la zona metropolitana de Xalapa, mencionó daños en viviendas y vialidades de 26 colonias y planteó que los fenómenos meteorológicos no pueden analizarse únicamente como emergencias temporales. La legisladora sostuvo que sus consecuencias alcanzan derechos como vivienda, educación, salud, movilidad, trabajo y acceso al agua, por lo que pidió que la política climática federal se traduzca en medidas concretas para las comunidades afectadas.

Desde esa perspectiva, Ferráez Centeno planteó la necesidad de fortalecer la prevención, la adaptación local, la infraestructura, los sistemas de alerta y el ordenamiento territorial en estados y municipios. Los cuestionamientos de ambos legisladores colocaron la justicia ambiental como eje de dos problemas distintos en Veracruz: las consecuencias de la actividad petrolera y la capacidad de las autoridades para proteger a la población frente a fenómenos climáticos.

Justifican actuación

En sus respuestas, Alicia Bárcena reconoció que la Semarnat recibió información tardía sobre el derrame y que tuvo conocimiento cuando el hidrocarburo ya había alcanzado playas a principios de marzo. La funcionaria informó que posteriormente se realizaron recorridos desde Tabasco hasta Alvarado, Veracruz, además de inspecciones en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas para identificar daños.

Bárcena admitió también que los 55 millones de pesos destinados a apoyar a pescadores fueron insuficientes frente a las pérdidas generadas por la contingencia. Sobre el daño ambiental, señaló que la dependencia cuenta con información sobre especies y ecosistemas afectados y ofreció entregar esos resultados a los legisladores.

La secretaria informó además que se creó un comité científico de monitoreo y una plataforma para dar seguimiento a posibles derrames y a sus efectos en playas y ecosistemas. Respecto a la prevención de nuevos incidentes, explicó que se trabaja en actualizar la regulación para mejorar la respuesta frente a contaminación por hidrocarburos y establecer obligaciones para los responsables de los derrames.

En materia de fracking, Bárcena precisó que actualmente no existen condiciones para avanzar en explotación mediante fracturación hidráulica y que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha autorizado pruebas piloto de esa técnica. Sobre las afectaciones provocadas por las lluvias en Veracruz, indicó que la Comisión Nacional del Agua ofreció asistencia técnica a las autoridades locales y estatales para atender los problemas de inundaciones.