“No hay persecución” contra alcaldes de MC: Esteban Bautista sobre casos de desafuero

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, rechazó que los procedimientos de desafuero contra 2 alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) tengan motivaciones políticas y aseguró que ambos podrán presentar pruebas y argumentos en su defensa.

Los expedientes corresponden a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, y Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en casos distintos relacionados con la desaparición y muerte de personas. “No hay persecución. Los compañeros señalados tienen derecho a defenderse, presentar testigos y responder a lo que a su interés convenga”, declaró Bautista.

El Legislador precisó que el Congreso no determinará si los presidentes municipales cometieron algún delito. Su intervención se limitará a resolver si les retira la inmunidad procesal para que puedan enfrentar las investigaciones de la Fiscalía. “Nosotros no juzgamos. La que investiga es la Fiscalía. El Congreso analiza el caso y, en su momento, determina si procede quitar el fuero”, explicó.

Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales determinaron que las solicitudes cumplen los requisitos para continuar su trámite y remitieron los expedientes a la Comisión Permanente Instructora. Esta comisión deberá revisar las pruebas de la Fiscalía, recibir las defensas de los alcaldes y elaborar un dictamen. Ambos funcionarios ya fueron notificados y cuentan con 7 días para responder. Bautista informó que las comparecencias comenzarán el próximo martes, aunque corresponderá a la Comisión Instructora definir los horarios y la forma en que se desahogarán las pruebas.

El Presidente de la JUCOPO dijo que pidió a los diputados encargados de los expedientes actuar con imparcialidad y revisar los señalamientos antes de emitir una conclusión. “Les dije: ‘Hagan bien su trabajo y revisen a fondo las cosas para que demos un trato de total imparcialidad’”, señaló.

También confirmó que uno de los alcaldes acudió la semana pasada al Congreso. Durante el encuentro, dijo, le recomendó contratar a un abogado y ejercer su derecho de defensa. “El que acusa tiene que probar su dicho y usted tiene derecho a buscar un abogado que lo represente”, relató.

Ante la posibilidad de que los alcaldes abandonen sus municipios, Bautista aclaró que el Congreso no puede emitir órdenes de aprehensión ni imponer medidas cautelares. “Nosotros no libramos órdenes de aprehensión. Lo que hace el Congreso es retirar el fuero para que puedan comparecer ante la Fiscalía”, sostuvo.

En el caso de Úrsulo Galván, la Fiscalía relaciona a Bravo Montero con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo en Barra de Chachalacas.

El segundo procedimiento corresponde al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, señalado en la investigación por el secuestro y homicidio de la reportera Roxana Guzmán. Bautista evitó precisar los delitos que la Fiscalía pretende imputar a los alcaldes y señaló que corresponde a la Comisión Instructora revisar el contenido de las solicitudes. “Desconozco los delitos. La Fiscalía tiene los casos y la Comisión Instructora está analizando las 2 carpetas”, indicó.