La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la postura de su gobierno tras la difusión de acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y señaló que el caso será atendido conforme a la legislación nacional.
Durante la conferencia matutina, informó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas el 29 de abril a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis.
Ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra los involucrados, incluyendo a un Gobernador en funciones, un Senador y el Alcalde de Culiacán, junto con un documento denominado “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”.
La Presidenta indicó que la difusión de esta información dio origen a un extrañamiento por parte del área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al tratarse de procedimientos que, de acuerdo con los tratados internacionales, deben mantenerse bajo confidencialidad.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, conforme a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde a la institución analizar si existen elementos probatorios suficientes para determinar la viabilidad de las solicitudes, así como iniciar una investigación para reunir la información necesaria.
Sheinbaum Pardo reiteró que cualquier actuación deberá apegarse a la Ley mexicana, la cual establece que para solicitar órdenes de aprehensión se requieren datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de un delito. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, expresó la mandataria, dijo.
Asimismo, subrayó que la relación con otros países se mantiene bajo principios de igualdad y sin subordinación. “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, recalcó.
Añadió que en caso de que no existan pruebas claras las imputaciones podrían responder a un objetivo político y reiteró que la actuación de las autoridades mexicanas se regirá por los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.