Plantean endurecer penas a quien use medios ilegítimos para cobrar deudas

Los llamados “montadeudas” y en general toda persona que quiera cobrar una deuda amenazando al deudor con exhibir datos privados o que acose y amenace a sus avales o referencias, podrá ser castigado con pena de prisión de hasta 4 años.

Este martes, el diputado local Paul Martínez Marie presentó una iniciativa que busca reformar el Código Penal para el Estado de Veracruz y castigar con pena de prisión y pecuniaria a quienes pretendan cobrar una deuda a través del engaño, acoso o amenaza

La iniciativa pretende modificar el artículo 173 ter de dicho código que tipifica a la cobranza ilegítima; si bien dicho artículo ya establece incluso penas de prisión, la propuesta de modificación las duplica y también incrementa el monto económico de la sanción.



Actualmente, el Código establece que “al que, con la intención de requerir el pago de una deuda, utilice medios ilegítimos, se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento o intimidación en contra del deudor, de quien funja como aval de éste o de quien haya servido como referencia, se le impondrá prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo, además de las sanciones que correspondan si, para tal efecto, se emplearon documentos o sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión”.

Con la modificación, se agregaría que no únicamente será penado utilizar medios ilegítimos, sino que también se sancionará que el cobro de la deuda sea personal.

Se establece que no se permitirá que se exhiban “datos personales del deudor o familiares de éste”; o se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento o intimidación en contra del deudor, de quien funja como aval de éste o de quien haya servido como referencia.



Las sanciones por actos de este tipo se elevan en una mínima de uno a una máxima de cuatro años de prisión, así como una multa de doscientas a seiscientas UMA.

“Además de las sanciones que correspondan si, para tal efecto, se emplearon documentos o sellos falsos, se usurparon funciones públicas o de profesión, o si se utilizó cualquier medio impreso o digital para la difusión de los datos personales del deudor o familiares de éste”, advierte.

El legislador motivó su iniciativa en el derecho a la vida privada o a la intimidad de las personas, que se refiere a la protección de su esfera particular, relacionada esencialmente con el hogar y la familia, presupuestos indispensables para la vida en común.



Pero además, indica que la situación actual que atraviesan millones de familias requieren la ampliación de la esfera de seguridad jurídica para evitar ser víctimas de la cobranza extrajudicial en los términos que se han planteado, es decir, bajo coacciones o amenazas.

Indica que producto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se desencadenó “una terrible crisis económica”, que fue agravada por aumentos en los índices de inflación y desempleo a escala nacional, perjudicando a muchas personas y sectores.

“El ingreso y salario de la población se vieron disminuidos, lo que generó incumplimientos de pago, morosidad y crecimiento de deudas. En consecuencia, con la desaceleración económica muchos no pudieron pagar ni seguir pagando la totalidad de sus adeudos, rentas o créditos; situación que también puso una enorme presión a los acreedores, quienes buscaron cobrar por cualquier medio y forma. Un gasto imprevisto, la pérdida del empleo o la crisis económica, obligan a las personas que “viven al día” a pedir a quien no deberían”, agrega.



Martínez Marie criticó que los agiotistas en México se favorecen del vacío legal que les permite cobrar intereses o falsear las condiciones de los préstamos. “Es, en definitiva, un negocio para unos con riesgos para todos”.

Señaló que igualmente, al irse disminuyendo la brecha tecnológica entre la población, cada vez más personas tienen acceso a redes sociales como WhatsApp y Facebook, donde son fácilmente enganchados por prestamistas que plantean escenarios nada complicados para acceder a préstamos personales.

Sin embargo, agrega que el cobro de dichas deudas se ha convertido prácticamente una “táctica de extorsión”, siendo la más frecuente el envío masivo de mensajes a los contactos de sus clientes en WhatsApp y Facebook, usando una fotografía del mismo con las leyendas: “¿Conoces a este deudor/deudora? Nos debe dinero”; “¿Conoce usted a __? Se le envía este mensaje porque lo deja como referencia, pidiéndole de favor que si nos puede apoyar con el mensaje para que pase a liquidar el adeudo que tiene con nosotros. Se busca persona por fraude. Solicitamos su apoyo para localizar a esta persona”.



Enfatizó que ante la práctica de esta cobranza extrajudicial que cada vez se ha hecho más recurrente, por lo que, como legisladores deben garantizar, es “el respeto por los datos personales de quienes se ven afectados ante este tipo de acciones contrarias a la Ley, y el de sus familiares que son amenazados con el despojo de algún bien mediante el hostigamiento constante”.