Por irregularidades en el cobro y suministro del agua que han afectado la salud y el nivel de vida de sus residentes, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sancionó al exclusivo fraccionamiento Punta Tiburón con más de 5 millones de pesos por cobrar la distribución, operación y uso del vital líquido a sus residentes sin contar con la concesión ni el derecho jurídico.
El desarrollador de la peculiar zona residencial, ubicada en la Riviera Veracruzana, municipio de Alvarado, creó en 2019 el Organismo Operador de Agua y Saneamiento Punta Tiburón S. A. de C. V., sin contar con los permisos necesarios y empezó a cobrar agua con recibos que llegaron a superar los 110 mil pesos en algunos casos, por una supuesta fuga en uno de los condominios.
Al presentarse estas irregularidades, los fraccionarios, encabezados por el presidente de uno de los condominios, David Ezequiel Hernández Rosas, documentaron los abusos y actuaron jurídicamente ante la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y la CONAGUA, que procedieron contra el desarrollador inmobiliario aplicando una sanción económica por la cantidad de 5 millones 532 mil 727 pesos.
Hernández Rosas detalló que las instancias correspondientes, durante el proceso de investigación, comprobaron 46 irregularidades plenamente documentadas. Por tal motivo, Punta Tiburón fue notificado para que liquidara el monto a la mayor brevedad posible. “CONAGUA entró a ver el tema y encontró 46 irregularidades en cuanto a distribución de agua, el manejo, pozos clandestinos, salidas de drenajes clandestinas. Todo eso se junta y terminan imponiéndoles la multa”, explicó.
El afectado mencionó que este problema lo hizo saber en su momento al gobernador Cuitláhuac García. Sin embargo, señaló que no se avanzó en el tema. Fue hasta la llegada de la gobernadora Rocío Nahle que rápidamente el Gobierno del Estado atendió sus denuncias.
Actualmente, la Comisión Nacional del Agua envió el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), quien ya integró una carpeta de investigación para darle seguimiento al caso por los delitos que resulten, que podrían ser hasta por daños a la nación.
Por otra parte, también la Fiscalía General del Estado (FGE) envió un oficio a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que esa dependencia del Gobierno Federal inicie los procedimientos de suspensión del cobro ilegal del servicio de agua potable a los residentes de Punta Tiburón por no cumplir con las condiciones mínimas para otorgar el servicio.