“Se acabó la corrupción”: dicho de AMLO contrasta con datos oficiales

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que durante su gobierno se terminó la corrupción, aunque reconoció que todavía existían casos; expedientes como SEGALMEX y posteriores investigaciones en BIRMEX y por contrabando de combustibles muestran que las irregularidades y las investigaciones por posibles actos de corrupción han continuado.

Datos oficiales documentan miles de millones de pesos sujetos a observaciones, investigaciones o posibles sobrecostos, además de procesos penales y administrativos; estos casos no permiten equiparar automáticamente todo monto observado con un desvío comprobado.

En su mensaje Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su administración se terminó con la corrupción y atribuyó parte de los ahorros del gobierno a impedir prácticas de este tipo. Al mismo tiempo, reconoció que la corrupción todavía existe porque se trata de un fenómeno arraigado.

La situación posterior permite contrastar esa afirmación con casos concretos en los que las autoridades han detectado irregularidades, iniciado investigaciones o impuesto sanciones.

Uno de los principales antecedentes es Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). En septiembre de 2024, el Gobierno federal informó que de 9 mil 500 millones de pesos observados en las cuentas públicas de 2019 y 2020, correspondientes a SEGALMEX, Diconsa y Liconsa, 4 mil 700 millones habían sido aclarados con documentación, 2 mil 100 millones se encontraban en proceso de análisis y 2 mil 700 millones permanecían sin aclarar.

La propia Secretaría de la Función Pública precisó que una observación de auditoría no equivale automáticamente a un daño patrimonial, pues debe agotarse el procedimiento de aclaración y, en su caso, recuperación. Sobre los 2 mil 700 millones no aclarados fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía General de la República. El Gobierno reportó además la recuperación de 955 millones de pesos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles.

El expediente no quedó cerrado con el sexenio anterior. En mayo de 2026, una proposición presentada ante la Comisión Permanente pidió a las autoridades informar sobre las investigaciones, procesos judiciales, sanciones, bienes asegurados y recursos recuperados relacionados con SEGALMEX, Diconsa y Liconsa. El documento parlamentario también señaló que persistía la necesidad de conocer los resultados concretos de los procedimientos iniciados.

Otro caso relevante es BIRMEX, encargado de consolidar compras de medicamentos e insumos para instituciones públicas de salud. En marzo de 2025, el Gobierno federal informó que 175 claves de medicamentos e insumos habían sido adjudicadas con un posible sobrecosto cercano a 13 mil millones de pesos. Eduardo Clark explicó que esas claves representaban alrededor de 6% de la compra y que, al detectarse las irregularidades, se suspendió la solicitud de las piezas mientras se realizaba la investigación.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó posteriormente la nulidad total de la licitación consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para 2025-2026. La resolución fue publicada en abril de 2025.

El caso es relevante para el contraste con el discurso sobre corrupción porque involucra un mecanismo de contratación pública de gran escala. Sin embargo, el monto de 13 mil millones de pesos debe describirse como posible sobrecosto o incremento de costos identificado en las claves investigadas, y no como un desfalco consumado: el propio Gobierno señaló que los productos involucrados todavía no habían sido adquiridos cuando se detectó la anomalía.

A estos expedientes se suma el denominado “huachicol fiscal”, relacionado con el contrabando de combustibles y la evasión de impuestos. En agosto de 2026, la FGR informó que investigaba una red que introducía hidrocarburos al país mediante buques y los reportaba indebidamente como aceites o aditivos. Según la Fiscalía, el esquema habría contado con la participación de servidores públicos y agentes aduanales que facilitaban revisiones simuladas, manipulación de pedimentos y alteración de volúmenes y muestras.

La investigación tiene antecedentes en el aseguramiento de un buque en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, con alrededor de ocho millones de litros de hidrocarburo. La FGR señaló que posteriormente fue detectada una operación similar en Ensenada, Baja California.

El 26 de agosto de 2026, la Fiscalía informó además sobre un cateo en dos bodegas de la Ciudad de México como parte de la investigación de una red de contrabando de combustible por vía ferroviaria. Los agentes aseguraron documentos que, según la FGR, podrían aportar nuevas líneas de investigación sobre la presunta simulación utilizada por integrantes de la red.

En este caso también debe mantenerse la precisión jurídica: la existencia de una investigación, cateos, aseguramientos o señalamientos de la Fiscalía no equivale por sí misma a una sentencia de culpabilidad contra todas las personas involucradas.

Estos expedientes se suman a los datos generales sobre corrupción. La ENCIG 2023 del INEGI registró que 13,966 personas por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público reportaron haber experimentado al menos un acto de corrupción; en Veracruz la tasa fue de 13,705 por cada 100 mil. La percepción de frecuencia de corrupción en Veracruz llegó a 81.5%.

En materia de sanciones, los censos nacionales de gobierno del INEGI registraron 9,683 servidores públicos sancionados en los ámbitos federal y estatal durante 2024, frente a 3,953 en 2020. Las cifras son de sanciones administrativas y no significan que todas correspondan a delitos de corrupción ni que exista una equivalencia directa entre ambos años.

Además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó en agosto de 2026 que durante el primer semestre de ese año había sancionado a 226 personas servidoras públicas federales con puestos de mando por faltas administrativas no graves y había remitido 416 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por posibles faltas graves.

En conjunto, SEGALMEX, BIRMEX y el huachicol fiscal muestran tres modalidades distintas de riesgo de corrupción: manejo de recursos y compras públicas, contratación de bienes para servicios esenciales y posibles redes de contrabando con participación de funcionarios.

Los casos tampoco permiten concluir por sí solos que la corrupción haya aumentado o disminuido respecto de gobiernos anteriores. Lo que sí permiten documentar es que, después de la afirmación de López Obrador de que la corrupción había terminado, han continuado investigaciones, sanciones administrativas, procesos penales y acciones de recuperación de recursos públicos.

Por ello, la afirmación de que “se acabó la corrupción” debe entenderse como una valoración política del expresidente y contrastarse con la evidencia disponible sobre casos concretos. Los expedientes revisados muestran que el fenómeno no desapareció del aparato público y que las instituciones continúan investigando y sancionando posibles irregularidades.