“Si tanto les gusta quitar el fuero, que se quite a diputados y Gobernadora”: Montserrat Ortega

Si la intención era eliminar privilegios, la gobernadora Rocío Nahle debió proponer que la inmunidad procesal también fuera retirada a la persona titular del Poder Ejecutivo y no limitar el cambio a alcaldes y síndicos, planteó la diputada Montserrat Ortega Ruiz.

Durante la discusión de la reforma constitucional en el Congreso de Veracruz, la legisladora sostuvo que, bajo el argumento de que nadie debe estar por encima de la ley, el mismo criterio tendría que aplicarse a gobernadores, diputados, senadores y otros servidores públicos que conservan esa protección. “Si tanto les gusta quitar el fuero, pues que también se le quite a los diputados, a los gobernadores, a los senadores”, expresó.

Ortega Ruiz afirmó que quienes ocupan cargos públicos deben responder ante la justicia, pero cuestionó que la eliminación de la declaración de procedencia se concentre únicamente en presidentes municipales y síndicos. “Nadie ni nada debe estar por encima de la ley. Quien ejerce un cargo público debe rendir cuentas y quien comete un delito debe enfrentar la justicia”, sostuvo.



La diputada advirtió además que permitir que alcaldes y síndicos sean investigados y procesados penalmente sin autorización previa del Congreso puede derivar en su separación del cargo antes de que exista una resolución sobre su responsabilidad. Señaló que el fuero no impide actualmente que un servidor público acusado de un delito enfrente a la justicia, pues el Congreso puede retirarle esa protección mediante una declaración de procedencia.

“El fuero va a servir para poder proteger el cargo para el cual fuiste encomendado, sin que continuamente pueda haber falsas acusaciones, te puedan estar investigando y quitándote del cargo”, sostuvo.

Ortega Ruiz planteó que, sin reglas sobre los efectos de una investigación penal, una orden de aprehensión podría provocar la salida de un alcalde aun cuando posteriormente no se acredite su responsabilidad. “El hecho de que un fiscal te abra un proceso de investigación no quiere decir que seas culpable”, dijo. “Dos años o tres años después de una investigación te van a decir: ‘Perdón, señor alcalde, siempre no. Resulta que usted es inocente’, y mientras tanto ya te quitaron del cargo”.



También acusó que las instituciones de procuración de justicia pueden ser utilizadas contra adversarios políticos y citó los procedimientos seguidos contra dos alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano. “Este puede ser un mecanismo para hacerle lo mismo a los demás alcaldes”, afirmó.

La legisladora consideró que la reforma debe acompañarse de disposiciones secundarias que definan en qué momento una autoridad municipal investigada puede continuar en funciones y bajo qué supuestos tendría que separarse del puesto. “Necesitamos imponer mecanismos de control para que no vaya a haber un exceso o un abuso de autoridad. El problema no es que se investigue a alguien, el problema es que la justicia sea selectiva”, expresó.

Ortega Ruiz insistió en que, si el objetivo es eliminar la inmunidad procesal, el cambio debería alcanzar también a la persona titular del Ejecutivo y a los demás cargos que mantienen esa protección. “En México no debe haber ciudadanos de primera y de segunda y nadie por encima de la ley”, concluyó.