“Silencio” institucional ante contaminación de manantial Ojo de Agua, acusa EcoZoncuantla

El manantial Ojo de Agua se ubica en la congregación Capulines (Ejido San Antonio), municipio de Tlalnelhuayocan, vecino a la Capital veracruzana. Surte de agua a la comunidad de Zoncuantla, municipio de Coatepec, que está conformada por 6 colonias: Briones, Plan de la Cruz, La Pitaya, Seis de enero, Mariano Escobedo y el Atorón, con un aproximado de 2 mil 500 habitantes.

La concesión oficial (3VER100123/28HOGR94) para disponer del manantial la posee la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Coatepec; municipio al que le fue otorgada originalmente. Lamentablemente, esta fuente del vital líquido está siendo contaminada con agrotóxicos los cuales, usados de manera intensiva en la zona, podrían generar un problema que de no atenderse pronto podría afectar la salud de los pobladores de Zoncuantla, principalmente.

De acuerdo a la información recibida, las autoridades están faltando a su obligación de garantizar el derecho humano de disponer agua de calidad, establecido en la fracción V del artículo 7 de la Ley General de Aguas (LGA), recién aprobada. Dicho artículo, obliga a los 3 niveles de gobierno a constatar su inocuidad; es decir, que el agua esté “libre de sustancias que puedan causar daño a la salud por consumirla”.



Así lo mencionó Jaime Velasco Meunier, vecino de Zoncuantla, quien preocupado por mantener un medio ambiente sano ha emprendido acciones como miembro del colectivo EcoZoncuantla, ante las autoridades correspondientes.

-¿Que le mueve a defender su manantial, Jaime?

Mi motivación es defender el derecho humano a disponer de agua limpia y una tierra libre de venenos. Me interesa lo común, la auto-organización y la autonomía para defender la vida desde el territorio; sin voces ajenas que instrumentalicen las luchas y/o que tengan intereses ajenos a la comunidad. No busco becas, ni acceder a fondos o recursos económicos.



-¿Cuál es el problema en concreto?

-En esencia, el problema es que se quita territorio al bosque de niebla para dar paso al monocultivo, principalmente de papa. Este suelo, por tener un alto grado de humedad, no es apto para cultivar papa. Su vocación es filtrar el agua capturada por el bosque, que después alimenta manantiales y arroyos. Esa humedad multiplica plagas y hongos en la papa, la cual debe ser rociada con fungicidas, insecticidas, herbicidas que forman lixiviados (líquidos contaminantes que se forman al pasar el agua a través de desechos y residuos químicos que son tóxicos y peligrosos para el medio ambiente y la salud).

Nuestra comunidad depende del manantial Ojo de Agua y sobre de éste hay varios sembradíos de papa. Así que los lixiviados, cuando llueve, escurren por las laderas y contaminan mantos acuíferos, suelos, plantas, animales, etcétera. Esto ha sido comprobado por un estudio presentando por el Instituto de Ecología (INECOL): todas las muestras tomadas dieron positivo a clorpirifós (insecticida que afecta el sistema nervioso; su uso está restringido o prohibido en muchos lugares debido a su toxicidad). Nos están envenenando y las autoridades han decido voltear hacia otro lado.



-¿Cuándo descubrieron esa situación?

El 18 de enero de 2025. En una de nuestras visitas de mantenimiento, logramos documentar fumigaciones con agroquímicos en un cultivo de papa, ubicado aproximadamente a 133 metros de nuestro manantial.

Al mes siguiente (15 de febrero) confirmamos un fuerte olor a sustancias químicas en las inmediaciones del manantial, lo que indicaba una aplicación reciente de agroquímicos. Tres días después presenté denuncias populares ante el Ayuntamiento de Coatepec, el Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA. Se les advirtió del peligro de contaminación del manantial y de posibles afectaciones a la salud. Pedí suspendieran las actividades de riesgo, aplicaran el principio precautorio y realizaran estudios técnicos. Ninguna de las instancias respondió.



En marzo, solicité información a los municipios de Coatepec, Tlalnelhuayocan y CONAGUA sobre si existían análisis de calidad del agua, si habían detectado contaminantes asociados a agroquímicos y qué medidas tomarían para garantizar el derecho al agua limpia. Todos evadieron el asunto.

EL 22 de abril, acudí al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), con lo cual CONAGUA derivó mi denuncia a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) cuya única respuesta fue un mensaje de WhatsApp indicándome que la denuncia sería turnada a SEDARPA. No hubo oficio ni información pública sobre inspecciones, medidas cautelares o sanciones.

El 7 de julio presenté una denuncia ciudadana dirigida a la encargada del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Veracruz. En esta solicité investigar posibles afectaciones a la salud relacionadas con la exposición a agrotóxicos. Tampoco hubo respuesta.



El 20 de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) admitió una queja formal (expediente CEDH/DQG/2230/2025) por la presunta violación a los derechos humanos al agua salubre y a la salud. Este hecho confirma que el conflicto ya no es sólo ambiental: también es un asunto de derechos humanos. La queja imputa omisiones a CMAS y al Ayuntamiento de Coatepec como responsables de la operación y gestión del manantial. Sin embargo, hasta el momento, la CEDHV no me ha remitido respuesta alguna del Ayuntamiento ni de CMAS.

Ocho días después entregué una denuncia ciudadana (acompañada con más de 3 mil 500 firmas) a la gobernadora Rocío Nahle García, con copia al secretario de Gobierno Ricardo Ahued, pidiéndoles detener las actividades que ponen en riesgo el manantial y el derecho al agua. También entregué denuncias al diputado federal Adrián González Naveda y al diputado local Ramón Díaz Ávila. Hasta hoy: sólo silencio hay.

En noviembre pasado, en un foro realizado en el INECOL, la doctora Carolina Valdespino, investigadora en este instituto, confirmó el uso de plaguicidas organofosforados en cultivos de papa en la región alta del río La Antigua. Algunas de las muestras se tomaron en los municipios de Coatepec y Tlalnelhuayocan (incluido el manantial Ojo de agua). El estudio detectó clorpirifós en todas las muestras de agua, suelo, plantas y peces analizadas; en algunos casos se superaron los límites permitidos. En las truchas, por ejemplo, se observó inhibición enzimática cerebral, un efecto asociado directamente a la exposición a estos agroquímicos que son bio-acumulables en los seres vivos.



A todo lo anterior, debe sumarse un antecedente grave aún sin resolver: la escuela primaria “Adolfo López Mateos”, de la comunidad de El Naranjo (Tlalnelhuayocan), permanece cerrada desde hace más de un año tras la intoxicación de estudiantes y docentes por exposición a agrotóxicos provenientes de cultivos cercanos. Resulta incomprensible que las autoridades prefirieran cerrar la escuela antes que prohibir el uso de agrotóxicos.

-¿A qué autoridades se refiere?

A todas. Ninguna ha respondido en tiempo y forma. Han vulnerado, de manera directa, el artículo 8 de la Constitución que les obliga a ello. Además, violan el artículo 4 constitucional que reconoce el derecho humano a la protección de la salud, al acceso al agua potable, salubre y suficiente, y a un medio ambiente sano. Tal comportamiento, consolida un patrón de omisiones estatales que colocan a las comunidades en una situación de indefensión. No es todo: también violan flagrantemente el artículo 20 de la recién aprobada Ley General de Aguas (LGA) que obliga a los 3 órdenes de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proteger, frente a terceros, el disfrute pleno de ese derecho humano.



-¿Qué sigue?

Conseguir un amparo que obligue al Estado a cesar toda actividad relacionada con el uso de agrotóxicos en la región y promover una investigación profunda, independiente, con análisis rigurosos sobre la contaminación de los suelos, los mantos acuíferos y la biodiversidad. La urgencia aumenta conforme avanzan los monocultivos de papa, la tala del bosque de niebla y los daños acumulados en la comunidad. Más aún, cerca del manantial nace el arroyo Tixtla y se encuentra otro manantial conocido como El Guitarrero (que dota de agua a la colonia Cuauhtémoc de Coatepec) que también podría ser contaminado, si es que no lo está ya, de no atenderse el problema.

Por todo lo anterior: defender el Manantial Ojo de Agua es defender derechos humanos básicos frente a un modelo de producción que prioriza el lucro y frente a un entramado institucional que responde con silencios, evasivas y omisiones. Aquí no hay exageraciones o conspiraciones. Hay hechos, documentos y comunidades que exigen vivir libres de venenos.