11 años después, nunca cayeron autores intelectuales del multihomicidio de la Narvarte

Once años después del multihomicidio de la colonia Narvarte, organizaciones civiles denunciaron que las autoridades sólo han castigado a los ejecutores y mantienen sin identificar a quienes planearon y ordenaron el asesinato de 5 personas.

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) exigió reabrir y agotar las líneas de investigación relacionadas con una posible persecución política contra el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera. Ambos fueron asesinados el 31 de julio de 2015 junto con Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín, dentro de un departamento ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

En un pronunciamiento, las organizaciones señalaron que la sentencia contra 3 autores materiales no esclareció quién ordenó el crimen ni el motivo por el que fueron asesinadas las 5 víctimas. También afirmaron que permanece inconclusa la investigación sobre una posible persecución vinculada con el gobierno de Javier Duarte, encabezado en Veracruz cuando Espinosa y Vera denunciaron amenazas y hostigamiento.

Las agrupaciones sostuvieron que las autoridades tampoco han esclarecido diversas comunicaciones telefónicas, la posible participación de otras personas, el uso de vehículos relacionados con los hechos ni las omisiones cometidas durante las diligencias. Indicaron que continúa pendiente el cumplimiento de la Recomendación 4/2017, emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por violaciones cometidas durante la investigación.

LAVIDA advirtió que el caso Narvarte no puede separarse del contexto de violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Veracruz. De acuerdo con el pronunciamiento, desde el año 2000 han sido asesinados 34 periodistas en la entidad, mientras que otros 7 permanecen desaparecidos. Las organizaciones mencionaron entre los casos registrados en lo que va del 2026 los homicidios de Carlos Castro, en Poza Rica; Roxana Berenice Guzmán Ramírez, en Nanchital, y Luis Ángel López Valdés.

También cuestionaron la actuación de las instituciones encargadas de proteger al gremio y señalaron que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y los mecanismos federales no han logrado evitar amenazas, desplazamientos y asesinatos. Consideraron que la falta de resultados en las investigaciones permite que las agresiones continúen sin que las autoridades identifiquen a quienes las ordenan.

Las organizaciones exigieron mantener abiertas las investigaciones hasta determinar quién planeó el multihomicidio, quién lo ordenó y si existieron responsabilidades políticas. “Verdad, memoria y justicia para Rubén, Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile Virginia”, expresaron.