23 funcionarios inhabilitados por Secretaría de la Función Pública

La Secretaría de la Función Pública inscribió en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados a un total de 23 exfuncionarios, tanto duartistas como yunistas.

Las inhabilitaciones van desde los 6 meses hasta los 10 años y sobre algunos incluso pesan hasta 3 sanciones, que les impedirían incorporarse a la función pública, ya sea municipal, estatal o federal.

Entre los exfuncionarios que se encuentran resalta la extitular de la SEV, Xóchilt Adela Osorio Martínez, quien por una negligencia administrativa fue inhabilitada por un periodo de 7 años hasta el próximo 12 de diciembre de 2026.



Igualmente se encuentra el exsecretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, con una inhabilitación por 7 años.

Sobre el extesorero Tarek Abdalá Saad pesan tres inhabilitaciones, por 5, 7 y 10 años por una negligencia administrativa, la cual se cumple el 4 de octubre de 2026.

Arnulfo García Fragoso, quien también fue tesorero en el gobierno duartista, recibió una inhabilitación del servicio público por un periodo de 10 años que vence el 11 de septiembre de 2028.



El exoficial mayor de la SEV, Roberto Rosendo Pelayo Valdés, cuenta con 4 inhabilitaciones por 7 años por una negligencia administrativa, que vencen el 11 de febrero de 2027.

El exjefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Contreras Uscanga, recibió 3 sanciones, una por 5 años y otras dos por 10 años, las cuales vencen el 5 de agosto de 2029.

Del gobierno yunista destaca la exsecretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, inhabilitada por 7 años, que vence el 31 de diciembre de 2026.



El exdirector del ICATVER, Alfredo Grajales Jiménez, por violación y leyes de la normatividad presupuestal fue sancionado por 3 años, que vence el 6 de febrero del 2023.

Jesús García Robelo, quien fue Jefe de la Oficina de CAEV en Perote, recibió una sanción por un periodo de 6 meses, que vence el próximo 25 del presente mes de abril.

Igualmente, algunos funcionarios de los institutos tecnológicos de Cosamaloapan y Zongolica que venían trabajando de manera normal en el gobierno morenista fueron sancionados con periodos que van desde los 6 meses hasta los 3 años.