2ª reforma a la Ley del IPE también afectará económicamente a la UV: Investigador

En su segunda iniciativa para reformar la Ley de Pensiones del Estado, el gobierno de Veracruz seguirá buscando deslindarse del pago a organismos autónomos como la Universidad Veracruzana, al quitar la obligación de firmar un convenio para cubrir los déficits del instituto.

Así lo afirmó el economista e investigador de la Casa de Estudio, Hilario Barcelata Chávez, quien explicó que la forma en que se anunció la segunda propuesta para reformar el artículo 98 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) sí afectará económicamente a organismos como la universidad, el Poder Judicial, y los municipios.

Al respecto, indicó que según lo que anunciaron los dirigentes sindicales tras las negociaciones que entablaron con la administración estatal, la nueva propuesta quitaría la obligación de firmar un convenio y con ello sólo reafirmaría la obligación del patrón de cubrir el déficit de su presupuesto anual para cumplir con las obligaciones de ley con los derechohabientes.



De esta manera el artículo establecería que de darse el caso de que los ingresos del Instituto no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la ley, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno corresponda. El Gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esa obligación.

En ese sentido, Barcelata Chávez dijo que analizó la antigua propuesta del 2 de febrero y la nueva, que aún no se envía al Congreso del Estado,encontrando que no se modificaría el punto central que era eliminar la firma de un convenio entre el patrón y el Instituto de Pensiones para que cubriera el déficit y no lo hiciera el Gobierno estatal.



Observó que de esta manera se busca que el Gobierno responda en la última instancia, si puede o tiene los recursos suficientes para poder apoyar al IPE, aunque “en la medida de sus posibilidades o de su voluntad”.

Explicó que en el caso de al UV actualmente el subsidio asciende a poco más de 400 millones de pesos anuales, que serían pagados del mismo presupuesto de la casa de estudios, lo que también aplicaría para los otros organismos autónomos.

Por esta razón consideró que las movilizaciones de los sindicatos magisteriales no estuvieron justificadas en torno a la iniciativa de modificar la Ley de Pensiones, pues el patrón directo es el gobierno del Estado y es el que debe cubrir el pendiente de ellos.



De esta manera, el investigador sostuvo que el tema podría estar relacionado con otros pasivos que tiene con el magisterio y los dirigentes sólo habrían buscado hacer presión para lograr acuerdos.