3 detenidos del “Cártel Inmobiliario” aparecen en despojo de inmueble destinado a discapacitado

Un inmueble destinado como patrimonio para Alejandro Vázquez Romero, una persona con discapacidad intelectual de Jalcomulco, fue desalojado y entregado a un particular mediante un juicio civil en el que, de acuerdo con la denuncia de su familia, Alejandro nunca fue parte ni fue llamado a juicio.

En las actuaciones del procedimiento aparecen 3 personas identificadas como integrantes del llamado “Cártel Inmobiliario” de Xalapa y que actualmente ya fueron detenidas: David “N”, Miguel Isaac “N” y Jesé Miguel “N”. La vivienda se ubica en la calle Francisco I. Madero número 3, en la zona Centro de Jalcomulco, y perteneció a Juvenal Vázquez Hernández, padre de Alejandro y sus hermanos.

El 18 de diciembre de 2022, Heriberta, Elvia, Olivia y Víctor Vázquez Romero suscribieron ante autoridades del Comisariado Ejidal de Jalcomulco un acuerdo para que el inmueble quedara destinado a Alejandro, con la finalidad de garantizarle un patrimonio y recursos para atender sus necesidades. También establecieron un esquema familiar para hacerse cargo de sus cuidados.

La vivienda fue arrendada y los ingresos se destinaban a gastos de manutención y medicamentos de Alejandro. Sin embargo, el 9 de enero de 2025 se ejecutó una diligencia de lanzamiento. Personal del Juzgado Mixto Municipal de Jalcomulco acudió al inmueble, ocupado entonces por un arrendatario identificado como Axel Domingo Cid. Al no atenderse el llamado, fueron retiradas las chapas con apoyo de un cerrajero y se ingresó a la vivienda. Finalmente, la posesión material fue entregada a José Francisco Ortiz Espinoza.

La familia posteriormente ubicó el origen de la diligencia en el Juicio Ordinario Civil 1051/2023, promovido por Ortiz Espinoza contra José Luis Santiago Ortega ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz.

El procedimiento se basó en un supuesto contrato privado de compraventa del 13 de mayo de 2021. La familia cuestiona que en ese documento aparezca el número 29 como domicilio, mientras que el inmueble destinado a Alejandro corresponde al número 3 de Francisco I. Madero. Además, Alejandro no aparece como actor ni demandado en ese juicio, pese a que el procedimiento terminó afectando materialmente el inmueble que la familia y documentos ejidales señalaban como su patrimonio.

Dentro del expediente, el demandado se allanó, las partes celebraron un convenio judicial que posteriormente fue ratificado y aprobado, adquiriendo el carácter de cosa juzgada. Después se abrió la etapa de ejecución que culminó con el lanzamiento. En las actuaciones aparecen David “N”, autorizado para consultar el expediente; Miguel Isaac “N”, y Jesé Miguel “N”, quien intervino en diversas diligencias y el día del lanzamiento compareció como abogado de José Francisco Ortiz Espinoza.

La familia también cuestiona la rapidez con la que se realizaron algunas actuaciones del juicio. Señalaron que el 4 de agosto de 2023 José Luis Santiago Ortega compareció para emplazarse voluntariamente; a las 13:02 horas Jesé Miguel “N” presentó un convenio entre las partes y, apenas 10 minutos después, a las 13:12 horas, éste ya estaba siendo ratificado. Los familiares consideran inusual que esos trámites se hubieran realizado en cuestión de minutos y piden que las constancias del expediente permitan establecer exactamente cómo y bajo qué condiciones se desarrollaron.

Por tanto, piden que la investigación alcance a Ángel Damián Ortiz García, quien se desempeñaba como secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz y posteriormente habría fungido como juez por ministerio de Ley, ya que habría sido quien ratificara el acuerdo en cuestión de minutos. El caso también llegó a la justicia federal mediante el juicio de amparo 92/2025, promovido por Alejandro Vázquez Romero ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, relacionado con los actos que derivaron en la afectación del inmueble y su lanzamiento.

La familia pide que se investigue cómo un juicio celebrado entre personas distintas a Alejandro terminó con la entrega de un inmueble que estaba destinado a su patrimonio y que se revisen el contrato de compraventa, el convenio judicial, las actuaciones de ejecución, la diligencia de lanzamiento y la intervención de quienes aparecen en el expediente. El asunto se encuentra actualmente en revisión dentro del juicio de amparo y aún está pendiente determinar qué Tribunal Colegiado será el encargado de conocerlo.

La familia solicita que se conceda a Alejandro Vázquez el amparo y protección de la justicia federal y que, de manera provisional, se le restituya el inmueble, al sostener que la persona con discapacidad intelectual nunca fue llamada al juicio civil en Veracruz ni tuvo oportunidad de defenderse dentro del procedimiento que derivó en la pérdida de su patrimonio. Los familiares señalan que de ese inmueble dependían recursos para su sustento, medicamentos y otras necesidades, por lo que consideran indispensable que se revise la legalidad del procedimiento y se protejan sus derechos.