4 mil 500 personas dejarían prisiones de Veracruz de tirarse prisión preventiva oficiosa

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, advirtió que el Estado de Veracruz sería una de las entidades más afectadas en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) determine inaplicar la prisión preventiva de oficio.

De acuerdo con la funcionaria federal, Veracruz sería el tercer estado del País que más se vería afectado debido a que podrían quedar libres 4 mil 554 presuntos delincuentes privados de la libertad con prisión preventiva oficiosa.

“Esta decisión (quitar la prisión preventiva) impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes (en todo el País) bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy”, dijo Alcalde Luján en la conferencia matutina de Palacio Nacional de este martes.

La Secretaria indicó que el Estado de México tiene 21 mil 718 personas privadas de la libertad con prisión preventiva oficiosa y Jalisco tiene 8 mil 342, en primer y segundo lugar a nivel nacional, señalando que el número es alto debido a la tardanza de los jueces y debido a los recursos de amparo que se interponen”.

“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 445 por delincuencia organizada (a nivel nacional)”, detalló la secretaria de Gobernación.

Hacen llamado a ministros

La funcionaria federal se refirió a la próxima decisión de la Suprema Corte que propone invalidar el artículo 19 Constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La resolución obliga a todo el Estado mexicano, en su conjunto. La Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe de darle cumplimiento sin que se tome en cuenta a otras instituciones; una obvia sería el Congreso de la Unión quien debería de analizar la posibilidad de estas modificaciones”.

Añadió que “la enorme tardanza” de los procesos y resoluciones debería de atenderse por el Poder Judicial Federal, reiterando que la liberación de las personas privadas de la libertad con prisión preventiva pondría en riesgo a testigos y a víctimas, así como a policías, personal de la Fiscalía y los propios juzgadores, la población en su conjunto y la seguridad nacional

“Se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga y, por supuesto, de manera adicional estamos viendo con preocupación la carga excesiva que esto significaría tanto para las fiscalías como para los juzgados”, mencionó Alcalde Luján.

Alcalde Luján recordó que recientemente enviaron una carta a las ministras y ministros con las preocupaciones en este tema: “Creemos que la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro País”.

Explicó que la prisión preventiva oficiosa se aplica a las personas acusadas de cometer delitos de alto impacto para la sociedad, como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidios, secuestro feminicidios, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros. “Esto garantiza que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y salvaguardar la seguridad de las víctimas y los testigos”.

La Secretaria de Gobernación dijo que ningún Estado, Gobierno, organismo o Tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, su régimen político y su forma de Gobierno, pues hacerlo “sería un acto inadmisible de injerencia”.

“¿A quién le toca defender la Constitución?, precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque, aunque la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos tienen la misma jerarquía y deben de interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe de prevalecer siempre nuestra Constitución”, subrayó.

La funcionaria federal argumentó que sólo el Congreso de la Unión, a través de los diputados o senadores, están facultados para reformar o modificar una disposición constitucional con las 2 terceras partes de sus miembros y con la ratificación de la mayoría de los Congresos locales.

Finalmente, criticó que juzgados federales "se le adelantaron" a la Suprema Corte decidiendo unilateralmente sobre este asunto que aún no ha sido resuelto por el Estado mexicano, haciendo un llamado a los ministros a respetar la Constitución, la división de poderes y no excederse en sus facultades considerando las “graves consecuencias” de eliminar la prisión preventiva

"Sin que la Suprema Corte de Justicia se haya pronunciado sobre este tema, el pleno de la Región Centro Norte, que comprende 18 estados, emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de estos 18 estados a conceder suspensiones de amparo que promueven las personas que tienen órdenes de aprehensión precisamente por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, esto en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana”, agregó.