5 años después, Winckler todavía pelea amparo por su remoción del cargo

El exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, solicitó al Poder Judicial de la Federación que resuelva de manera definitiva el juicio de amparo que promovió contra su separación del cargo, ocurrida en 2020, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declinara ejercer su facultad de atracción sobre el caso.

“La materia de este juicio de amparo está a poco tiempo de cumplir 7 años (sic) sin que se resuelva”, advirtió su representante legal, Pamela de Jesús Ramírez Cruz, en un escrito presentado ante un Tribunal Colegiado.

Señaló además que la demora “grotesca” ha vencido el plazo razonable para dictar sentencia, por lo que exigió que se cite a resolución. El pasado 29 de enero, la Segunda Sala de la SCJN resolvió no atraer el recurso de revisión 280/2023, derivado del amparo 608/2020 promovido por Winckler. La Corte concluyó que el asunto “no cumple con los requisitos de interés y trascendencia” establecidos en la Constitución para justificar su intervención y devolvió el expediente al Tribunal Colegiado.

Urge sentencia

Winckler fue designado Fiscal General del Estado en 2016 por un periodo de 9 años. Sin embargo, en septiembre de 2019 fue separado temporalmente del cargo por el Congreso local, al no contar con la certificación de control de confianza. Posteriormente, en marzo de 2020, el Pleno del Congreso resolvió su remoción definitiva, invocando el mismo argumento y señalando que enfrentaba un proceso penal por delitos graves.

El exfuncionario impugnó la decisión mediante amparo, alegando que su destitución fue ilegal y violatoria de sus derechos fundamentales. Sin embargo, en diciembre de 2022 el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Xalapa desechó el juicio, al considerar que no era posible restituirlo en el cargo por estar suspendido en sus derechos político-civiles, debido a su situación penal.

En segunda instancia, el Tribunal Colegiado consideró que el caso planteaba cuestiones constitucionales inéditas sobre la suspensión de derechos de servidores públicos procesados penalmente y la competencia de los congresos locales para remover fiscales autónomos. Por ello, pidió a la SCJN atraer el asunto, lo que finalmente fue rechazado.

Sin derecho a salud

Ante la negativa del máximo tribunal, la defensa de Winckler urgió al Colegiado a dictar sentencia. “Se ha remitido a la SCJN al menos en 2 ocasiones, a sabiendas que no se atraería al ser netamente burdo e ilegal el acto reclamado”, expuso su representante legal. Y añadió: “No sólo le quitaron el cargo, no sólo el salario, también su derecho a acceder a servicios de salud; la madre del quejoso requiere servicio médico y hasta eso le quitaron”.

El expediente fue turnado recientemente a la ponencia del secretario en funciones de magistrado, Pablo Antonio García Vázquez, quien deberá elaborar el proyecto de sentencia para su discusión en el Pleno del Tribunal.

En resoluciones previas, el Tribunal advirtió que algunas manifestaciones hechas por la defensa de Winckler resultan ofensivas e irrespetuosas hacia la labor jurisdiccional, por lo que apercibió a su representante legal a abstenerse de utilizar expresiones denostativas, bajo advertencia de sanción.