53 extrabajadores del Ayuntamiento de Alto Lucero urgen a hacer cumplir laudos

Un grupo de exempleados del Ayuntamiento de Alto Lucero se manifestó en las oficinas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para exigir el cumplimiento de laudos laborales que, aseguran, permanecen sin ejecutarse pese a contar con resoluciones firmes desde 2021, tras más de una década de litigio.

Los inconformes señalaron que fueron despedidos de manera injustificada en 2010, lo que derivó en una demanda laboral interpuesta en 2011. Después de un proceso que se prolongó por 8 años, obtuvieron un primer laudo en 2019 y posteriormente una resolución definitiva en 2021; sin embargo, acusan que hasta la fecha no han recibido el pago correspondiente ni han sido reinstalados.

De acuerdo con los manifestantes, el adeudo inicial rondaba los 36 millones de pesos al inicio de una administración municipal anterior, pero actualmente ascendería a más de 83 millones de pesos, en un contexto donde el total de laudos pendientes en el municipio supera los 100 millones de pesos.

Los extrabajadores, que suman 53 afectados directos –de los cuales 28 cuentan además con derecho a prestaciones–, exigen la reinstalación en sus puestos, así como el pago de salarios caídos. Indicaron que pertenecían a diversas áreas del Ayuntamiento y que su despido obedeció a cambios administrativos, al no formar parte del equipo del nuevo Gobierno en turno en aquel momento.

Asimismo, denunciaron que las administraciones municipales han evadido la responsabilidad, heredando el problema sin ofrecer soluciones de fondo. “Se la van pasando de un alcalde a otro y nosotros seguimos en la misma situación”, reclamaron.

Durante la protesta, el abogado de los trabajadores, José Juan Bernal Melgarejo, explicó que la legislación estatal en materia laboral limita las acciones coercitivas contra los ayuntamientos, ya que sus cuentas y bienes están protegidos, lo que dificulta la ejecución de los laudos.

Detalló que, aunque existe la posibilidad de embargar ciertos bienes, estos deben ser previamente destinados por el propio Ayuntamiento para cubrir las deudas, lo que en la práctica reduce las opciones de presión. Añadió que las autoridades municipales apenas han asignado montos mínimos –alrededor de 2.5 millones de pesos– para cubrir adeudos que superan los 100 millones, lo que calificó como insuficiente.

El litigante también señaló que han solicitado la intervención del Congreso del Estado y de la Secretaría de Finanzas, sin obtener respuesta favorable. Incluso, refirió que se presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismas que –aseguró– no han tenido avance.

Finalmente, los afectados urgieron a las autoridades a acelerar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, al subrayar que al menos 6 de sus compañeros han fallecido durante el proceso, sin haber recibido la indemnización correspondiente, la cual ahora reclaman sus beneficiarios.