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Sección: Estado de Veracruz

A 6 años de explosión en Clorados III, en Coatza, sobreviviente sigue esperando justicia

- Perdió movilidad en una pierna y tras el siniestro fue despedido, señaló

- Exige indemnización, pensión por incapacidad permanente y otras prestaciones

- Sospecha corrupción a favor de empresas por parte de Junta Federal de Conciliación

Elizabeth Aviña Coatzacoalcos, Ver. 26/04/2022

alcalorpolitico.com

Humberto Torres González es uno de los sobrevivientes a la explosión de Clorados III, ocurrida en abril del 2016 en la zona industrial de Coatzacoalcos, que sigue esperando justicia, ya que por el accidente perdió una pierna y eso dio lugar a que, meses después, lo despidieran de manera injustificada de su trabajo como soldador.

A seis años de los hechos y de la demanda que interpuso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 38 con sede en Coatzacoalcos, ninguna autoridad laboral ha hecho algo al respecto. Por el contrario, le da la impresión que el personal y los actuarios han sido corrompidos, pues desde su punto de vista resulta increíble que luego de 2 mil días no han podido dar con el domicilio de la parte demandada.

El 4 de noviembre del 2016, Torres González procedió en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Mexichem, Ica Fluor, Rech Construcciones SA de CV, Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), el propio Antonio del Valle Ruiz, Antonio Carrillo, Enrique Ortega, Alejandro Armas Cerero y hasta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que el 10 de septiembre lo corrieron de su empleo.



De acuerdo con su escrito de demanda, el quejoso empezó a trabajar el 9 de febrero del 2016 como soldador con un salario semanal de 2 mil 200 pesos y una jornada de siete de la mañana a seis de la tarde. Sus jefes directos eran Alejandro Armas Cerero y Enrique Ortega.

Humberto estuvo en Clorados III en el siniestro ocurrido el 20 de abril del 2016 y sobrevivió aquella tarde. Sin embargo, la onda expansiva lo alcanzó y ocasionó que una pieza metálica se impactara contra su pierna, lo que inmediatamente le causó quemaduras y fractura a tal grado de ya no poder caminar.

A pesar de lo anterior y aun cuando estaba dado de alta con el número 6795 77 7014 ante el IMSS, las autoridades de seguridad social han sido omisas en realizar el dictamen y valoración para determinar el grado de riesgo de trabajo sufrido y el consecuente pago de incapacidades.



Incluso, el 9 de septiembre le fue expedida el alta por parte del Instituto y al acudir al día siguiente a su centro de labores el personal de seguridad le impidió el paso. Al comunicarse con el área de Recursos Humanos, Enrique Ortega y Alejandro Armas Cerero tajantemente le dijeron “que en esas condiciones no podía reincorporarme, que buscara un trabajo en otro lado o que a ver cómo le hacía, que me pusiera a vender empanadas para mantener a mi familia, porque ellos ya no requerían de mis servicios, que además la empresa ya había desaparecido, por lo que tampoco me iban a pagar nada, que ya muchos problemas tienen como para andarse ocupando de lisiados como yo”.

Desde entonces, Humberto Torres exige el reconocimiento del accidente por riesgo de trabajo sufrido en virtud de la fractura lineal de peroné izquierdo proximal, el pago de la indemnización correspondiente, la dictaminación y otorgamiento de pensión por incapacidad permanente, la indemnización constitucional, salarios caídos, aguinaldo, prima de antigüedad, de vacaciones, días festivos, de descanso, horas extras, reparto de utilidades, así como la devolución de sus pagos al IMSS, INFONAVIT y AFORE, las cuales le eran descontadas de su sueldo.