A legisladores hay que ponerles orejas de burro; no tienen el mínimo conocimiento del Derecho

El magistrado integrante de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, Alfredo Benjamín Garcimarrero Ochoa, advirtió que si la reforma al artículo 348 bis del Código Penal recientemente votada por los legisladores del PRI y PAN del Congreso local, es publicada tal y como está “va a haber que ponerle las orejas de burro a muchos del Congreso”.

Con el estilo característico del magistrado, tras calificar a la reforma de ociosa y perniciosa, Garcimarrero Ochoa dijo que “si la incultura y la incuria doliera, algunos andarían en un grito todo el tiempo”.

Dicho esto, manifestó su adhesión al criterio y opinión que expresó el Colegio de Jueces del Estado de Veracruz en la carta abierta que fue publicada este miércoles en un periódico local en la cual se pone de manifiesto el rechazo contundente a dicha reforma que establece: “se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de cien a quinientos salarios y destitución del cargo, al servidor público que dicte una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo que viole algún precepto de la ley, o que sea contraria a las constancias procesales legalmente practicadas o a quien resuelva ilegalmente una libertad caucional”.

Dijo que de concretarse la aprobación de esta reforma, traería como consecuencia que a quien no obtenga una resolución o sentencia que le favorezca, “le abrirán una puerta para que por la vía penal exija al juez que tergiverse o cambie los criterios y eso es amarrarlos de las manos y crear una nueva inquisición que sería muy explicable en el régimen que estamos viviendo a nivel estatal y federal”.

Observó que siguiendo esta lógica habría cacería de brujas como ocurrió en la edad media “pensamos que ya habíamos evolucionado pero al ver esta iniciativa del Congreso vemos que no”.

El magistrado refirió que una de las características de los jueces es su facultad de libre arbitrio o arbitrio judicial, el cual en el marco de cauces que la misma ley señala deben resolver en particular los diversos casos de índole penal, civil, mercantil, administrativo, laboral, etcétera que les corresponde atender.

Observó que lo que tradicionalmente ocurre es que al emitir una resolución, ésta no agrada al cien por ciento a las dos partes, porque siempre se le otorga la razón a la parte que la tiene y se lo niega a la otra parte “excepcionalmente quedan contentas las dos partes en un juicio”, situación que de por sí pone en vulnerabilidad a los jueces.

Garcimarrero Ochoa insistió en que la reforma es ociosa porque ya existen sistemas de control, existiendo además instancias diversas para inconformarse en contra de una resolución emitida por un juez de Primera Instancia, o de una sala del Tribunal “pero esto lo borran de un plumazo”.

Añadió que con ello los litigantes ya no tendrían prácticamente la necesidad de recurrir al juicio de amparo o algún otro recurso sino que optarían por interponer una denuncia en contra del juez que dictó la resolución.

“Una reforma en ese sentido es cerrarle la inteligencia a los jueces y fundamentalmente sujetarles el pensamiento y la facultad de razón y limitarlos. En qué condiciones y predicamento se pone el sistema judicial!”.

Advirtió también que con ello, se involucraría a los jueces federales, pues al ser denunciado, el juez recurriría a los mecanismos que la propia ley establece para defenderse entonces recurrirá a la justicia federal al tiempo que sentenció “entonces esto llegará a los estratos que ahora proponen esto que es la nueva inquisición que estamos padeciendo”.

“Yo la eliminaría (la reforma) simple y sencillamente porque no tiene sentido que exista sobre las sanciones que existen y los procedimientos que existen para el control de la honestidad, con eso son suficientes.”

Benjamín Garcimarrero advirtió que a los legisladores del Congreso local se les olvida que también emiten sentencias y resoluciones “y que se les va a voltear el chirrión por el palito” porque cuando emitan una resolución van a ponerse en la misma situación y entonces las decisiones del Congreso también se podrán combatir por la vía penal.

“Es más esto que hicieron ahora sería el primer asunto de orden penal que yo les imputaría por ser una reforma y una resolución atentatoria, antijurídica y antilógica “se las impugnaría utilizando las mismas leyes que están creando en este momento” y entonces de obtener resolución a favor, los legisladores deberán ser objeto de una denuncia y por ende, deberían ser procesados.

A pregunta expresa de cuál sería el procedimiento al que los jueces podrían recurrir en contra de la reforma, Garcimarrero Ochoa dijo que en principio, habría que interponer un amparo contra ley.