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Universidad Anahuac

Sección: Estado de Veracruz

A partir de este martes, ORFIS tiene 3 meses para volver a evaluar Cuenta Pública 2021

- No fue aprobada por Congreso por tener inconsistencias, irregularidades y errores

- Deberá entregar los nuevos informes individuales y el general el 6 de febrero del próximo año

Javier Salas Hernndez Xalapa, Ver. 07/11/2022

alcalorpolitico.com

A partir de este martes, empieza a correr el plazo de 90 días naturales que se le dio al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para que haga una nueva valoración de la Cuenta Pública 2021, misma el Congreso del Estado no aprobó por tener inconsistencias, irregularidades y errores.

Después de dos semanas de que el Congreso del Estado determinó no aprobar la referida Cuenta Pública, hoy lunes se publicó el Decreto en la Gaceta Oficial del Estado, por lo que en ente fiscalizador deberá analizar nuevamente dicha Cuenta, sin que se le autorice una ampliación presupuestal.

El ORFIS deberá entregar los nuevos Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo el 6 de febrero del próximo año y la Comisión Permanente de Vigilancia deberá someter a votación el nuevo dictamen el 22 de ese mismo mes, en una sesión extraordinaria.



Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre, Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, entregó la Cuenta Pública 2021 con un presunto daño patrimonial por tres mil 299 millones 356 mil 229.83 pesos.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales, el presunto daño en 34 entes estatales fue 189 millones 899 mil 820.84 pesos; en los 212 Ayuntamientos de 3 mil 23 millones 507 mil 936.86 pesos y en las 15 entidades paramunicipales (Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento de 85 millones 948 mil 472.13 pesos.

El 24 de octubre la Comisión Permanente de Vigilancia sometió a votación el Dictamen, sin embargo, el Pleno de Diputados no encontró elementos suficientes para aprobarlo, por lo que rechazó los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021, presentados el 30 de septiembre.



Los diputados consideraron que algunas observaciones que se notificaron no concuerdan ni el monto, ni los criterios con los que fueron fiscalizados. Además, se encontraron ponderaciones y metodologías poco claras y convincentes.

Tan solo, en algunos casos de entes en donde existía conocimiento de denuncias ciudadanas o de alguna autoridad, el porcentaje de los recursos auditados apenas sobrepasó el 50% del total, sin que se tenga información sobre el resto de los recursos; y más grave aún casos en donde el porcentaje de las obras auditadas fue aún menor, lo que demuestra, que no se realizó una auditoria eficiente respecto al uso de los recursos públicos.

Adicionalmente, se advierten en los informes analizados, casos en los que se observaron procesos de baja de bienes que, aún y cuando fueron notoriamente ilegales, no se consideraron daño patrimonial a la hacienda pública, y resulta lógico presumir que el total del informe pudiera resultar inexacto, e incluso, minimizado frente a un posible daño a la hacienda pública.



Otros datos preocupantes resultan de la confrontación de los dictámenes de las entregas-recepción que fueron proporcionados a esta Legislatura por las autoridades municipales entrantes, de donde se advierten presuntos daños patrimoniales millonarios, los cuales presumiblemente no fueron considerados dentro de la muestra auditable desestimando la relevancia de dichos procesos en los informes del Órgano que ahora nos ocupa.

Por ello, no se aprobó la Cuenta Pública 2021 y se ordenó al ORFIS que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021.

En la nueva valoración se deberá incluir la documentación entregada por exservidores públicos.



Una vez que se entregue la nueva valoración, la Comisión Permanente de Vigilancia tendrá 15 días hábiles para elaborar el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.