A propósito de la reforma electoral de AMLO

Gracias a las redes sociales y el Internet, los asuntos de Gobierno son, como debieran haber sido siempre, más públicos. Es decir, de acuerdo al calificativo romano dado a quienes no participaban en la cosa pública, hay menos idiotas pues cada vez más gente se interesa en política. Sin duda, las conferencias mañaneras del Presidente han contribuido con ese despertar en los mexicanos, sobre todo con la promoción de las consultas (juicio a los ex presidentes y revocación de mandato) y sus reformas anteriores (laboral y energética, principalmente) que exhibieron el hoyo negro de la corrupción legada por el régimen neoliberal. Hoy toca el turno reformar las entidades relacionadas con la democracia como el INE, partidos y tribunales electorales.

En un intento por comprender los alcances de la iniciativa presidencial, se hará primero un recorrido, muy simplificado, de las reformas políticas realizadas por los neoliberales. Este ejercicio podría dar luz para analizar la propuesta de López Obrador y, de paso, contestar las preguntas siguientes: ¿Es necesaria?, ¿contribuye a la democratización del país?, ¿beneficia al ciudadano?, ¿funcionará en caso de ser aprobada?

Antecedentes



Ninguna de las siete reformas anteriores nacieron del capricho del gobernante en turno, son producto de presiones internas y externas, de grupos que demandan democratizar del poder público, como podrá verse a continuación.

- La primera (1977), implementada por José López Portillo (1976-1982), tuvo como directriz reducir la creciente simpatía que el ciudadano tenía por los grupos guerrilleros combatidos con saña durante la Guerra Sucia (años 60). El desprestigio de la dictadura priista fue tan mayúsculo que el autollamado “defensor perruno del peso” fue el único candidato en 1976. Con el propósito de recuperar la credibilidad en el sistema, el Presidente quiso legitimar la autoridad electoral promoviendo una democracia gradual, paulatina pero absolutamente controlada por el Estado y dejando a salvo los intereses privados y partidistas.

- La crisis económica y el brutal endeudamiento dejados por López Portillo hizo necesaria la segunda reforma (1986). Por las mismas razones, el poder empresarial impuso en la presidencia al banquero Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), cuya política de “renovación moral” impulsó la “modernización” de la estructura legal y administrativa de los procesos electorales. Es cuando el número de diputados de representación proporcional pasó de 100 a 200. Desde entonces el pastel se reparte entre 500 diputados. De ese modo, el PRI formaliza su alianza con el PAN, sellada dos años después. Se facultó al PRI (partido mayoritario) obtener diputaciones “plurinominales” e incluyeron una cláusula de gobernabilidad para impedir la sobrerrepresentación de ese partido (PRI). Sobresale la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOL). Esta instancia dirimía las controversias electorales aunque las elecciones eran calificadas por los Colegios Electorales de las cámaras de diputados y senadores. La reforma quedó corta pues el PRI se aseguró de mantener el control de la Comisión Federal Electoral (CFE). Precisamente esta Comisión, dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue la encargada de organizar la fraudulenta elección presidencial de 1988. El secretario de gobernación era Manuel Bartlett Díaz, actual director de otra CFE (Comisión Federal de Electricidad).



- Salinas (1988-1994), urgido de reconocimiento, promulgó su propia reforma. Sustituye la Comisión Federal Electoral por el Instituto Federal Electoral (IFE). A Bartlett le paga enviándolo a la Secretaría de Educación. Presume iniciar la llamada ciudadanización del IFE permitiendo se eligieran consejeros a quienes no tuvieran vínculos partidistas. Es el génesis del Tribunal Federal Electoral (TRIFE). Asimismo, se comienza a fiscalizar los gastos de campaña y el financiamiento privado de los partidos, obligándolos a rendir cuentas anualmente. Fue un fracaso: los partidos siguieron siendo fábricas de ricos y la Ley sólo sirvió para extorsionar pues no tenía contemplados auditores. La reforma salinista con todo y TRIFE y la permisividad de aceptar observadores electorales no logró la deseada transparencia electoral. En 1993 (la cuarta reforma) Salinas agregó dos cosas más: perfeccionó el control sobre la ciudadanía creando la credencia de elector y aumentó las curules senatoriales de 64 a 128. La insurrección zapatista y el asesinato de Colosio y de otros destacados políticos, probaron el fiasco de esta reforma.

- Correspondió a Ernesto Zedillo (1994-2000), actual empleado de una trasnacional, emitir la quinta reforma electoral (1996) con el objetivo de generar condiciones reales de equidad en la competencia electoral. Gracias a esta, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección en la Ciudad de México; el PRI perdió, por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y fue expulsado de Palacio Nacional en el 2000. Hubo señales claras de apertura en la CFE permitiendo a los partidos tener una representación (sin voz ni voto) en el Consejo General. Los consejeros magistrados pasan a ser consejeros ciudadanos, pero la CFE continúa siendo presidida por el secretario de gobernación.

De la cabeza de Fox no salió reforma alguna. Simplemente, obedeciendo a los empresarios, anuló de facto los pocos avances democráticos alcanzados. Sometió a partidos, autoridades electorales, magistrados y tribunales para imponer a Felipe Calderón en la Presidencia, consumándose el fraude de 2006.



- Al siguiente año, (2007), Calderón emite su propio mamotreto con el cual buscó racionalizar el financiamiento público de los partidos, reducir gastos y tiempo de campaña (de 160 a 90 días) y hacer predominar la aportación pública sobre la privada. También se crearon normas para regular el acceso de los partidos a los medios y prohibiendo publicidad electoral en los electrónicos.

- Llegado 2014, Peña Nieto y su “México exitoso” parieron la última reforma. Consolidó los cacicazgos partidistas, legalizó la REELECCIÓN legislativa en el ámbito federal hasta por dos y cuatro periodos y aumentó de dos a tres por ciento la votación mínima requerida a nivel nacional para que los partidos conservaran su registro. Crea el Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución de la CFE y engendró los llamados Organismo Públicos Locales Electorales, (OPLE) los cuales se encargan de la cuestión electoral a nivel local.

Como puede vislumbrarse, durante el largo y tortuoso periodo neoliberal, tanto los Presidentes como los partidos presumieron parir la reforma que daría certeza, confiabilidad y transparencia a las elecciones pero, sobre todo, que democratizarían al país. Contradictoriamente, cada una de ellas constataba el fracaso de la anterior. Legisladores, partidos y autoridades electorales se corrompieron hasta el tuétano.



Lo anterior contesta, de alguna forma, la primera pregunta: la reforma de AMLO es necesaria desde el momento que se propone corregir lo que no funciona, está corrompido y es oneroso.

Estos son, sintetizados, 8 de los cambios más difundidos en los medios:

- Transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).



- Disminuir el presupuesto al INE, reduciendo salarios y el número de consejeros (11 a 7)

- Elección de consejeros y magistrados electorales por el voto popular previas listas de candidatos propuestas por los tres poderes de la Unión.

- Desaparecer los Organismos Públicos Locales (OPLE) y tribunales electorales estatales, centralizando la organización de las elecciones (Federalización) en el INEC y TEPJF.



- Reducir el número de senadores y diputados para pasar de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores elegidos mediante listas partidistas estatales.

- Dar financiamiento a los partidos únicamente para elecciones; ya no habría dinero para el gasto corriente.

- Disminuir los tiempos oficiales del INE en radio y tv y la propaganda gubernamental.



- Ahorrar 24 mil millones de pesos promoviendo la participación directa de los ciudadanos en la vida democrática.

La crisis de confianza en la autoridad y tribunales electorales así como el desprestigio de los políticos y sus partidos son pruebas irrefutables de la inexistencia de una democracia fundada en la soberanía popular. Por esa causa los propósitos explícitos fundamentales de AMLO son evitar fraudes y dar mayor participación al ciudadano en la vigilancia y elección de las autoridades electorales.

Los puntos socialmente más sensibles son los que tienen relación con los partidos, la corrupción y los altos costos del sistema electoral, los cuales difícilmente se erradicarán, aún en caso de ser aprobada la reforma. Pero eso…, se tratará en el siguiente artículo.