A Veracruz lo saquearon… y la Fiscalía Anticorrupción apenas y tiene logros

En 2019, al inicio de su sexenio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó la falta de resultados de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, calificando al entonces titular, Marcos Even Torres Zamudio, como “fiscalito” y “corrupto”.

Sin embargo, a la fecha el organismo sólo ha logrado 4 sentencias contra funcionarios desde que comenzó a funcionar en 2018 y pese a la llegada de Clementina Salazar Cruz como fiscal anticorrupción en mayo de 2020.

La Fiscalía acumula 83 procesos abiertos en los que 143 personas han sido sujetas a proceso. En sus 3 años como titular, Salazar Cruz logró sentencias contra 3 personas en 2021 y una en todo el 2022.



Esto significa que apenas el 2.7 por ciento de los procesados han recibido un castigo en 5 años, incluyendo los 3 que tiene al frente de la institución la excolaboradora de García Jiménez, quien se desempeñó como jefa de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador al inicio del Gobierno de la Cuarta Transformación en Veracruz.

El número de sentenciados es bajo si se contrastan con las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Especializada, que de acuerdo con datos oficiales acumula 4 mil 944, por lo que apenas se ha sancionado el 0.08 por ciento de las investigaciones abiertas contra servidores públicos por la probable comisión de hechos delictivos contemplados en el Código Penal.

Van 83 procesos penales



A detalle, la Fiscalía informa que desde que entró en funciones se han abierto 83 procesos penales: 2 en el 2018; 27 en 2019; 20 en 2020; 16 en 2021 y el mismo número en 2022. Este año, hasta abril, acumula 2 procesos más.

Por cuanto hace a personas sujetas a proceso por orden de un juez de control, se contabilizan 143.

De esas, 6 fueron sujetas desde 2018, 45 fueron en el 2019, en el 2020 fueron 32, 20 en el 2021, 36 en el 2022 y 4 para este año.



De las 4 sentencias que lleva hasta el momento la Fiscalía Especializada, 3 fueron logradas en 2021 por delitos como incumplimiento del deber legal, abuso de confianza, usurpación de función pública o profesión y falsedad ante la autoridad.

Una sentencia más se obtuvo el año pasado por secuestro exprés, extorsión y abuso de autoridad. E el resto de los años no ha logrado ningún fallo condenatorio.

La Fiscalía Especializada no tiene registros del monto estimado en torno al posible desfalco de las arcas municipales o estatales en los procesos que se han abierto o judicializado. Esto bajo el argumento de que una interpretación “a priori” de esa naturaleza trastocaría el derecho humano a la presunción de inocencia.



Miles de denuncias

Las denuncias o carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción son, hasta abril de 2023, 4 mil 944.

Durante el 2018 la Fiscalía inició 847 carpetas que atrajo desde la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos (FESP), que se encarga de las que ya estaban abiertas desde 2017 y para años anteriores.



Durante el 2019, todavía con Marcos Even Torres Zamudio al frente de la institución, se abrieron mil 50 carpetas, la cifra más alta en la existencia del organismo.

En el 2020, con Clementina Salazar al frente de la Fiscalía Especializada, la cifra de servidores públicos investigados bajó a 843. Un año más tarde, en 2021, se colocó en 929 carpetas, mientras que en 2022 se abrieron 925. Con corte al 24 de abril de este año, la Fiscalía informó que lleva abiertas 350 carpetas por presuntos hechos de corrupción.

La Fiscalía Especializada evadió informar qué papel ha desarrollado o cómo se ha conducido respecto de la detección, investigación y sanción de posibles actos de corrupción frente a las adquisiciones y/o contratos gubernamentales en la actual administración, citando únicamente la función que le confiere el Código Penal de Veracruz.



Sin embargo, aun con ello, afirmó que su independencia está garantizada, en aras de evitar presiones políticas e interferencias externas, al tratarse de un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y que puede establecer sus lineamientos para sistematizar la información bajo resguardo, aunque sin revelar cómo se ha evitado la injerencia de otros poderes.

En abril de este año, Salazar Cruz aseveró que el organismo sí está dando resultados y destacó que algunas carpetas de investigación relacionadas con denuncias interpuestas por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez, por presuntas irregularidades en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, ya se estaban judicializando.

“Sí, ya se ha avanzado, ya se han judicializado algunas”, dijo sin detenerse a dar una entrevista ante los medios de comunicación que trataron de cuestionarla sobre el tema.