Abogada de Frida Narayana “N”, exfuncionaria de la UPAV, acusa anomalías de la FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó su acusación contra Frida Narayana “N” sin permitir a la defensa conocer las actuaciones de la investigación complementaria, pese a una orden judicial para entregar las copias, denunció su abogada Gabriela Rasgado Martínez.

La exfuncionaria de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) lleva 8 meses en prisión y enfrenta una audiencia intermedia el 14 de octubre. Según la litigante, la falta de acceso a esa documentación impide preparar la respuesta a la acusación del Ministerio Público.

“Es 29 de septiembre y la Fiscalía no nos ha permitido ver una sola hoja extra de esa investigación complementaria que hicieron”, señaló.

Rasgado Martínez acusó a la Fiscalía de utilizar a Frida Narayana “N” como “chivo expiatorio” y al Poder Judicial de permitir el incumplimiento de sus propias determinaciones, además de no garantizar la revisión de la medida cautelar que la mantiene encarcelada.

Frida Narayana fue detenida en enero junto con Sergio “N” y Víctor de Jesús “N”, también exfuncionarios de la UPAV, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la institución. Actualmente está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, peculado e incumplimiento de un deber legal, explicó la defensa.

La abogada sostuvo que desde el 23 de enero no han podido consultar los nuevos actos de investigación. Aunque se autorizó reservar información de uno de los 13 tomos de la carpeta, afirmó que la restricción les ha impedido acceder al conjunto de las actuaciones complementarias.

Durante una audiencia celebrada el 8 de septiembre, el juez de control Roberto Santos Maldonado Morales fijó como plazo el 21 de septiembre, a las 18:30 horas, para entregar las copias, de acuerdo con el relato de la litigante.

Ese día, los abogados acudieron a la Fiscalía Especializada, donde les informaron que la fiscal responsable no se encontraba en el distrito judicial. Regresaron después, pero hasta este martes 29 de septiembre no habían recibido la documentación, aseguró Rasgado Martínez.

Para entonces, la Fiscalía ya había presentado su escrito de acusación, el 4 de septiembre, y la defensa había sido notificada el día 7.

La abogada indicó que el 22 de septiembre solicitó al juez medidas para hacer cumplir la entrega, pero una semana después su petición seguía sin resolverse. Contrastó esa demora con las promociones de la Fiscalía, que, según afirmó, son atendidas el mismo día o al siguiente.

Ante ello, pidió una audiencia de control judicial para que las copias sean entregadas ante el juez, antes de la audiencia intermedia programada para el 14 de octubre a las 13:00 horas.

La defensa también denunció que ha solicitado en 6 ocasiones audiencias para revisar la prisión preventiva y que la Fiscalía no ha comparecido, sin recibir sanciones por esas ausencias.

Rasgado Martínez argumentó que la conclusión de la investigación complementaria modificó las condiciones bajo las cuales se impuso la medida cautelar, por lo que pidió revisar las razones para mantenerla. “Ella ha pasado más tiempo privada de su libertad que el tiempo que desempeñó el cargo. Ella solamente estuvo 6 meses al frente de esta Dirección”, expresó.

La litigante también cuestionó la individualización de las conductas atribuidas a los detenidos. Señaló que Cortés Millán fue presentada inicialmente como probable responsable de 5 delitos, pero quedó vinculada a proceso por 3.

Como parte de sus argumentos, la defensa citó los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 de la UPAV. Según la información presentada, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no determinó un monto de daño patrimonial en ese ejercicio, aunque formuló observaciones administrativas y recomendaciones sobre ingresos, registros contables y documentación.

La revisión incluyó la relación de la universidad con la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL A.C.), que administraba y dispersaba recursos de cuotas y servicios educativos. También documentó un adeudo de 42.7 millones de pesos de la asociación con la UPAV.

Por separado, autoridades estatales han señalado investigaciones sobre alrededor de 280 millones de pesos y un presunto esquema relacionado con EDAL A.C. Esas indagatorias corresponden a una vertiente distinta de los resultados de fiscalización citados por la defensa.

La madre de Frida, Roberta Beatriz Millán Audelo, pidió a la gobernadora Rocío Nahle García y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revisar el expediente. Aseguró que desde el 23 de enero entregó escritos a ambas y conserva los acuses de recibido.

Entre lágrimas, sostuvo que su petición es que se revisen las actuaciones del proceso y las circunstancias por las que su hija permanece en prisión. “Que por favor no se les olvide mi hija, que está injustamente acusada. Por favor, se los pido, se los ruego como madre”, expresó.