Abogados y funcionarios involucrados en despojo de inmuebles en Xalapa

Corrupción, ilegalidad, falsificación de documentos, colusión y complicidad institucional son los elementos que conforman el modus operandi de la red denominada “Cartel Inmobiliario de Xalapa”, la cual altera registros, fabrica actos jurídicos y despoja a familias enteras de sus propiedades, con respaldo de sentencias cuestionables; todo fabricado por un grupo de abogados que corrompen procedimientos, manipulan expedientes y utilizan a las instituciones para legitimar operaciones construidas sobre documentos inexistentes.

En la capital del estado de Veracruz opera este entramado que presuntamente involucra al “Foro Liberal de Abogados”, al personal del Registro Público de la Propiedad, Catastro Municipal a jueces y funcionarios del Poder Judicial, quienes con procedimientos dudosos despojan viviendas mediante documentos inexistentes, inscripciones irregulares y resoluciones judiciales obtenidas sin verificar la autenticidad de los títulos de propiedad.

El esquema comienza ubicando propiedades abandonadas o con antecedentes sucesorios, utilizando información obtenida de manera irregular de Catastro Municipal y del Registro Público de la Propiedad. Con esos datos, el grupo de abogados, identificados por operar repetidamente en este tipo de casos, detecta inmuebles cuyos propietarios han fallecido y, a partir de ello, ponen en marcha un procedimiento que avanza hasta culminar en el desalojo de las familias legítimas y la apropiación del inmueble mediante actos jurídicos fabricados.



El último caso ocurrido en el Fraccionamiento Jardines de las Ánimas muestra con claridad cómo funciona esta red y la facilidad con la que una familia puede perder su patrimonio aun cuando la propiedad esté debidamente inscrita.

El matrimonio que habitaba la vivienda ubicada en Paseo de las Palmas número 15, fue desalojada con su menor hija de dos años, sin razón aparente y sin que ellos tuvieran conocimiento de algún proceso o juicio. El grupo de abogados llegó el pasado 21 de noviembre a las 6 de la mañana, junto con actuarios, policías y el apoderado legal, quien tocó la puerta para informar que una diligencia sería ejecutada, al no permitirles la entrada, un cerrajero que los acompañaba forzó la puerta para que ingresara el personal que sacaría sus pertenecías, ya que afuera se encontraba la unidad de mudanza que los trasladaría al lugar que les indicaran.



En videos de las cámaras de la transitada avenida, se observa el momento en que ingresan al inmueble, pese a que en el interior se encontraba la familia con la menor de dos años. La vivienda era su hogar y a pesar de que mostraron escrituras, fueron desalojados.

El expediente 765/2023, al que Alcalorpolitico.com tiene acceso y el cual fue presentado por los promoventes, está compuesto por hojas borrosas, ilegibles y con párrafos repetidos, sin coherencia ni soporte documental auténtico. A pesar de estas evidentes irregularidades, el juzgado lo admitió como base del procedimiento, permitiendo que avanzara un juicio sustentado en copias deterioradas que no cumplen con ningún estándar legal.

En dicho documental se observa que el juicio con el que se logró el desalojo, inició con un supuesto convenio fechado en 1990 entre el ciudadano fallecido hace 7 años y único propietario legítimo de la vivienda ubicada en Paseo de las Palmas número 15, con Gerardo Pérez Guerrero y con ello se crea todo un montaje jurídico, construido con un documento inexistente.



El convenio, supuestamente fue firmado por el dueño del inmueble y el ciudadano de nombre Gerardo Pérez Guerrero, sin embargo, este convenio no existe físicamente, no forma parte de ningún expediente judicial y no hay documento original que lo sustente. Aun así, en 1992 fue inscrito en la Sección Sexta del Registro Público de la Propiedad, una sección que no transfiere dominio y que no otorga derechos de propiedad. Con esa inscripción irregular se fabricó la apariencia de que Pérez Guerrero tenía algún derecho sobre la casa.

La vivienda de la avenida Palmas número 15 se encuentra inscrita desde 1980 en la Sección Primera del Registro Público; con este antecedente, luego del desalojo la familia acudió a la dependencia para comprobar su propiedad, sin embargo, se encontraron con que las hojas correspondientes al folio de esa inscripción habían sido arrancadas recientemente del libro, con lo que se confirma la complicidad del personal del Registro Público de la Propiedad, ya que se cometió un delito grave para borrar el antecedente registral original y permitir que el inmueble fuera utilizado en un juicio basado en documentos fabricados.

El titular del Registro Público de la Propiedad, Jesús Alberto Islas Aguilera, es hijo del alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes y hasta el momento no se sabe si tomó alguna acción ante este acto ilícito que constituye un delito grave.



La heredera universal del propietario, quien acreditó legalmente su carácter ante Notario, informó al Registro Público sobre la mutilación del folio el 1 de diciembre de 2025 y solicitó la reposición inmediata del registro. Tanto la inscripción original como los documentos sucesorios demuestran que el inmueble no podía ser vendido ni transferido por terceros.

Según el expediente, en 2023 se inició un juicio ordinario civil entre Gerardo Pérez Guerrero, quien ya se ostentaba como dueño de la vivienda y era el supuesto vendedor, con José Roberto Contreras Contreras (supuesto comprador) y aunque ninguno de los dos mostró escritura previa a su favor, el juicio avanzó sin que la heredera legítima fuera notificada, lo que constituye una irregularidad procesal grave. Todo el procedimiento se desarrolló sin considerar la sucesión vigente ni los antecedentes registrales que invalidaban cualquier transmisión de dominio.

La casa de Palmas número 15, tiene un valor aproximado a las 8 millones de pesos, sin embargo, en 2025 se formalizó una compraventa por 300 mil pesos, mediante el instrumento público 3415, libro 315, fechado el 3 de abril de ese año, ante la Notaría Pública 11 en Xalapa. No existía escritura alguna que acreditara a Pérez Guerrero como propietario, pero el Notario autorizó la operación. Con ese documento, José de Jesús Argüelles Lara se presentó como apoderado legal de José Roberto Contreras Contreras para solicitar el desalojo.



La demanda fue admitida por el juez Héctor Espinosa Espino del Juzgado Segundo de Primera Instancia, quien no requirió la existencia del expediente de 1990, ni la escritura original, ni el convenio físico, ni cotejo de firmas, ni notificó a la sucesión legítima. Posteriormente, el juez Leopoldo Toss Capistrán dictó la sentencia que ordenó el lanzamiento y firmó las actuaciones que dieron pie al desalojo. Toss Capistrán, hoy magistrado recién electo, es hermano del director de Política Regional del Gobierno del Estado. Su firma es la que permitió ejecutar el desalojo aun sin la presencia del supuesto vendedor, quien nunca habitó la vivienda y no tenía posesión real de la misma.

En el expediente aparecen como abogados patronos: Roberto Rodríguez Cruz, Víctor Manuel Trino Hernández Carrera, Iván Rodríguez Aguilar. Jerjes Rommel Blázquez Velasco, Roberto Saúl Rodríguez Aguilar y Paulino Villegas Sangabriel. Durante el operativo hay fotografías y video que muestran la presencia de algunos de ellos junto con José de Jesús Argüelles Lara, el apoderado legal. Todos participan activamente en desalojos de este tipo en Xalapa.

Roberto Rodríguez Cruz, quien se ostenta como presidente del Foro Liberal de Abogados desde hace más de 15 años, es mencionado en el expediente y el juzgado reconoce que no existe evidencia de que cuente con cédula profesional registrada ante el organismo obligatorio. Por esa razón, se determina que no procede reconocerle personalidad jurídica dentro del juicio, revelando que uno de los principales operadores legales del despojo ni siquiera cumple con los requisitos mínimos para ejercer legalmente.



Así mismo, José de Jesús Argüelles Lara, supuesto representante legal, tampoco se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que evidencia que el desalojo fue ejecutado por personas sin acreditación legal alguna. En el desalojo del pasado 21 de noviembre, ni Gerardo Pérez Guerrero, dueño fabricado y supuesto vendedor, ni José Roberto Contreras Contreras, el supuesto comprador estuvieron presentes, por lo que no se sabe si en realidad existen o si se mantuvieron al margen, ya que fue el apoderado, Argüelles Lara, quien ejecutó la diligencia acompañado por los abogados mencionados, algunos sin cédula profesional.

Tras los hechos, la heredera universal acudió al Registro Público, donde constató que las hojas de la inscripción original del inmueble habían sido arrancadas del libro registral. Además denunció: 1. Que nunca fue notificada del juicio. 2. Que el convenio de 1990 no existe. 3. Que la inscripción de 1992 no transfiere propiedad. 4. Que el folio de 1980 fue mutilado. 5. Que la compraventa de 2025 carece de sustento legal.

Este caso se suma a otros en Xalapa donde se ha denunciado el mismo modus operandi: convenios inexistentes, inscripciones alteradas, notarios que formalizan operaciones sin título previo, juicios que avanzan sin oír a los herederos y desalojos ejecutados aun cuando hay familias viviendo en los inmuebles.



El video del desalojo, las fotografías de los abogados presentes, las resoluciones firmadas por jueces identificados, la mutilación del folio registral y la ausencia total de documentos originales que acrediten la propiedad de quienes promovieron el juicio conforman un expediente que revela la existencia de un esquema estructurado de despojo inmobiliario en la capital veracruzana con complicidad desde el Poder Judicial, el Registro Público de la Propiedad y Catastro municipal.