Abona a la impunidad no aceptar recomendaciones de comisiones de DH: Activista

Activistas de derechos humanos criticaron que el Gobierno de Veracruz se niegue a aceptar las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y Estatal de Derechos Humanos, perpetuando un incumplimiento de un deber legal y con ello abonando a la impunidad.

Al respecto, la activista Anaís Palacios, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos criticó que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez estén, reiteradamente, negándose a cumplir con las recomendaciones.

Ello, luego de que el mandatario sostuvo que no aceptarán recomendaciones que tengan que ver con otras administraciones, en tanto estas no incluyan el nombre del funcionario que en ese momento era el titular.



“Tiene que haber una responsabilidad que no es de voluntad política de quien en ese momento ocupa un cargo de titularidad o inclusive del personal operativo; lo que dicen los instrumentos legales es que tienen que protegerse los derechos y hay una obligación de abstenerse de violentar estos mismos derechos”, dijo.

Agregó que tan grave es violar derechos humanos, como lo es no reconocer las violaciones, de ahí que la violencia hacia las víctimas sea doble.

La activista criticó que, aunque las víctimas han tomado la voz en un plano público para evidenciar la violación generalizada de derechos humanos en Veracruz, hay una seria impunidad y se justifica el actuar de otros poderes, mandando el mensaje de que estos hechos no serán investigados.



“Pareciera que por un lado las víctimas hacen visible este tipo de violaciones y por otro lado la autoridad está aseverando que van a investigar las presuntas violaciones de derechos humanos, pero eso se olvida y sólo se quedan dando seguimiento quienes han sido afectados por estos abusos de autoridad, usos excesivos de la fuerza y violaciones graves de derechos humanos”, lamentó.

Indicó que el mensaje que han mandado las autoridades veracruzanas únicamente se traduce en que no haya cambios sustanciales en las instituciones que hacen uso de la fuerza, pues únicamente se limitan a emitir disculpas públicas o erigir memoriales sin que exista modificación al proceder que da origen a las recomendaciones.